El máximo tribunal de Santa Fe rechazó un recurso clave del Gobierno provincial y ratificó que seguirá interviniendo en las causas vinculadas con la reforma previsional. La decisión representa un nuevo revés judicial para la estrategia del Ejecutivo y vuelve a poner de manifiesto la tensa relación entre la Casa Gris y los históricos integrantes de la Corte santafesina.
La disputa entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volvió a escalar. En una resolución de fuerte impacto político e institucional, el máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario con el que el Ejecutivo buscaba llevar a la Corte Suprema de la Nación la discusión sobre las recusaciones presentadas contra cuatro de sus ministros en el marco de las causas por la reforma jubilatoria.
El fallo implica, al menos por ahora, una nueva derrota para la estrategia judicial de la Provincia y consolida la competencia de la propia Corte santafesina para seguir resolviendo los más de 200 expedientes vinculados con la Ley 14.283, una de las reformas más controvertidas impulsadas por la actual gestión.
Pero el trasfondo del conflicto excede lo estrictamente jurídico. También refleja una disputa de poder que desde hace meses enfrenta al gobernador con buena parte de los integrantes históricos del máximo tribunal provincial.
Una relación atravesada por tensiones
Desde el inicio de su mandato, Pullaro dejó en claro su intención de avanzar en una profunda renovación de la Corte Suprema santafesina. Ese objetivo comenzó a concretarse con la incorporación de nuevos ministros, varios de ellos vinculados o cercanos a sectores políticos que hoy forman parte de la coalición gobernante.
Sin embargo, el proceso de renovación aún no está completo. Los jueces históricos continúan integrando el tribunal y, según distintas lecturas políticas, mantienen una relación distante e incluso de confrontación con el Ejecutivo provincial.
En ese contexto, cada resolución de alto impacto institucional adquiere una dimensión política adicional. Y la decisión conocida en las últimas horas es interpretada en distintos ámbitos como una nueva señal de autonomía —e incluso de resistencia— por parte de un sector de la Corte frente a los intentos del Gobierno de condicionar el desarrollo de las causas vinculadas con la reforma previsional.
El recurso que no prosperó
La Provincia había recusado a los ministros Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder al considerar que podrían verse alcanzados por los efectos de la propia reforma jubilatoria y, por lo tanto, no reunir las condiciones de imparcialidad necesarias para intervenir en esos expedientes.
Después de que la Corte provincial rechazara esas recusaciones, el Gobierno intentó abrir la instancia federal mediante un recurso extraordinario para que fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que analizara el conflicto.
Pero el máximo tribunal santafesino volvió a cerrar esa puerta. La mayoría de sus integrantes sostuvo que la resolución cuestionada tiene naturaleza procesal y no constituye una sentencia definitiva que habilite la intervención extraordinaria del tribunal nacional.
Además, entendió que la Provincia no acreditó de manera suficiente la existencia de una cuestión federal ni demostró un perjuicio irreparable que justificara apartarse de las reglas generales previstas para este tipo de recursos.
Un argumento que debilitó la posición oficial
Otro de los puntos centrales del fallo es que las recusaciones fueron consideradas extemporáneas.
Según recordó la Corte, el Gobierno había consentido previamente la integración del tribunal en distintas actuaciones relacionadas con la reforma previsional y recién cuestionó la participación de esos ministros varios meses después, cuando las circunstancias invocadas ya eran conocidas.
Incluso los supuestos “hechos nuevos” mencionados por la Provincia —como jubilaciones o renuncias de magistrados— fueron considerados insuficientes para modificar esa conclusión.
La única disidencia fue la del ministro Jorge Baclini, quien entendió que las características excepcionales del caso ameritaban habilitar la revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más de 200 causas siguen esperando una definición
La importancia de esta resolución también radica en que despeja uno de los principales obstáculos procesales que mantenían en pausa el tratamiento de fondo de la reforma previsional.
Actualmente existen alrededor de 215 expedientes vinculados con la Ley 14.283 que permanecen bajo análisis del máximo tribunal provincial. Entre los aspectos más discutidos aparecen el tope de haberes establecido para determinadas jubilaciones y el aporte solidario extraordinario previsto para financiar el sistema.
La constitucionalidad de esas medidas continúa pendiente de resolución.
Una pulseada política que todavía no terminó
Aunque la Provincia todavía conserva la posibilidad de presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el rechazo conocido esta semana representa un nuevo revés para la estrategia impulsada por la Casa Gris.
Al mismo tiempo, deja al descubierto que la convivencia entre el Poder Ejecutivo y la vieja guardia de la Corte santafesina sigue atravesada por fuertes diferencias. Mientras Pullaro avanza con la renovación del máximo tribunal y procura consolidar una nueva mayoría institucional más cercana a su visión de gestión, los ministros históricos continúan ocupando sus cargos —al menos hasta fin de año— y mantienen en sus manos definiciones de enorme trascendencia política.
La resolución sobre las recusaciones es una muestra de ese escenario: un fallo técnico con consecuencias jurídicas concretas, pero también un episodio que vuelve a reflejar una disputa silenciosa por el poder institucional en Santa Fe, en la que cada decisión judicial se convierte, inevitablemente, en un mensaje político.
