Un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza durante la noche del viernes a las 346 viviendas construidas en Santa Fe para alojar a los atletas de los Juegos Suramericanos. La Policía impidió la ocupación y la Justicia deberá determinar responsabilidades, incluida la eventual existencia de instigadores. Pero la reacción del Gobierno abrió otra discusión: Virginia Coudannes apuntó rápidamente hacia una posible organización política y habló de viviendas para “santafesinos de bien”. El intento de usurpación es injustificable. Pero reducir lo sucedido solamente a la búsqueda de un culpable político puede impedir discutir el problema social y las advertencias que ya estaban sobre la mesa.
Lo que muchos temían cuando todavía estaban encendidas las luces de los Juegos Suramericanos ocurrió apenas después de terminada la competencia. Durante la noche del viernes, un grupo de personas intentó ingresar a las viviendas de la Villa Suramericana de Santa Fe, el complejo construido para alojar a los deportistas durante el evento y que ahora debe ser destinado a familias santafesinas mediante un mecanismo de inscripción, selección y sorteo. Hubo momentos de extrema tensión, enfrentamientos con la Policía, utilización de balas de goma y gases lacrimógenos y personas detenidas o trasladadas.
El episodio debe ser condenado sin matices. La necesidad habitacional, por dramática que resulte, no habilita la apropiación por la fuerza de viviendas públicas ni los enfrentamientos con quienes deben custodiarlas. Mucho menos si finalmente se comprueba que existió una organización deliberada destinada a aprovechar esa necesidad. Pero condenar el intento de ocupación no impide formular otra pregunta: ¿era realmente imprevisible que algo así pudiera ocurrir? Porque detrás de las imágenes del viernes aparece una discusión que durante meses acompañó a los Juegos Suramericanos y que el Gobierno provincial nunca logró cerrar completamente en términos políticos: qué ocurriría con el enorme patrimonio construido después de finalizada la competencia, quién lo administraría, quién lo custodiaría, cómo se financiaría su mantenimiento y cuál sería concretamente su destino.
Un audio, familias con niños y una investigación que recién comienza
Según las primeras informaciones, la convocatoria para ingresar a las viviendas habría circulado mediante un audio de WhatsApp detectado durante los días previos. En esa grabación se habría convocado particularmente a mujeres con niños y se habría recomendado llevar elementos para intentar forzar el ingreso. El Ministerio de Seguridad habría conocido previamente la convocatoria, circunstancia que permitió desplegar efectivos en el lugar.
Ese elemento deberá ser investigado. También deberá determinarse quién produjo el audio, quién lo difundió, cuál fue el grado de organización del intento y si existieron personas o estructuras detrás de la convocatoria. Desde el Ejecutivo sostuvieron rápidamente que el intento no habría sido espontáneo y plantearon la posibilidad de que existieran sectores políticos detrás de la movilización. La investigación deberá establecer si esa sospecha tiene sustento y, en caso afirmativo, identificar responsables. Hasta entonces, cualquier atribución política debería permanecer precisamente donde está: en el terreno de una hipótesis bajo investigación.
Coudannes y una frase que volvió a encender la discusión
La reacción pública del Gobierno quedó principalmente en manos de Virginia Coudannes. “Se trató de un intento violento de ocupación de viviendas que pertenecerán a los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella”, sostuvo la vocera provincial. Y agregó: “No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece”.
La segunda afirmación difícilmente pueda generar demasiadas controversias institucionales: el Estado tiene la obligación de impedir una ocupación ilegal y preservar bienes públicos que posteriormente serán adjudicados. La primera merece otra discusión. La utilización de la expresión “santafesinos de bien” introduce una categoría política y moral innecesaria en medio de un conflicto social particularmente delicado. Quienes intentaron ingresar por la fuerza deben responder individualmente por sus actos si la Justicia determina que cometieron delitos. Pero detrás de las familias que participaron del episodio también existe una realidad que no desaparece por condenar lo ocurrido: hay personas desesperadas por acceder a una vivienda. Confundir una cosa con la otra puede resultar políticamente conveniente, pero socialmente peligroso.
La pregunta que el Gobierno debería hacerse antes de buscar culpables
La posibilidad de que existan instigadores debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Pero sería un error que el Gobierno convierta esa investigación en una suerte de cacería política destinada a encontrar rápidamente un chivo expiatorio y cerrar allí la explicación del episodio. Porque incluso si mañana apareciera una persona que organizó la convocatoria, seguiría existiendo una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué tantas familias estuvieron dispuestas a creer que podían conseguir una vivienda de esa manera?
Para comprenderlo hay que abandonar por un momento los despachos oficiales y mirar la situación social de los barrios. El déficit habitacional no nació con los Juegos Suramericanos. Tampoco la informalidad, la precariedad laboral ni las dificultades de miles de familias para acceder a un crédito o pagar un alquiler. El intento de usurpación no puede justificarse por ese contexto, pero tampoco puede comprenderse completamente ignorándolo.
Las viviendas que ahora todos miran
La Villa Suramericana de Santa Fe cuenta con 346 viviendas que fueron utilizadas para alojar a unos 1.380 atletas de 15 países durante los Juegos. Finalizada la competencia, deben ser destinadas a familias santafesinas mediante un proceso de selección y sorteo.
Ese destino había sido anunciado públicamente. Sin embargo, el episodio del viernes demuestra que entre la finalización de un megaevento y la adjudicación definitiva existe una etapa particularmente sensible: la transición. Las viviendas están construidas, los deportistas ya se fueron y los futuros propietarios todavía no ingresaron. Durante ese intervalo el Estado tiene la responsabilidad de garantizar custodia, mantenimiento, reglas claras y una comunicación pública suficientemente precisa para evitar rumores o falsas expectativas. Lo ocurrido demuestra que esa etapa merece tanta planificación como la propia construcción.
Corach había preguntado algo muy sencillo: “¿Quién gestiona?”
Meses antes de que terminaran los Juegos, el diputado provincial Marcos Corach había planteado precisamente una discusión sobre el día después. Su propuesta buscaba crear un Ente Provincial de Gestión de la Infraestructura y el Legado Deportivo de los Juegos Suramericanos, encargado de administrar infraestructura, equipamiento y escenarios construidos con recursos provinciales. Corach formuló entonces preguntas que después del episodio del viernes adquieren otra dimensión: “¿Quién gestiona? ¿Quién lo administra?”.
Su iniciativa no cuestionaba necesariamente que las obras se hubieran realizado. El planteo era diferente: después de invertir más de 90 millones de dólares en infraestructura vinculada a los Juegos, alguien debía definir cómo mantenerla, financiarla y utilizarla cuando terminara la competencia. El proyecto incluso contemplaba que el organismo provincial pudiera asumir gastos de mantenimiento, conservación, seguridad, conectividad y personal técnico de determinadas instalaciones. Seguridad. La palabra que este viernes dejó de ser una discusión teórica.
No fue la única advertencia
La discusión sobre el legado tampoco perteneció exclusivamente a Corach. En el Concejo Municipal de Santa Fe se había aprobado un pedido para que, después de los Juegos, determinados bienes y equipamientos fueran cedidos a la Municipalidad para ser destinados a instituciones deportivas, culturales y organizaciones sociales.
Y desde la Cámara de Diputados, Alicia Azanza había colocado la lupa específicamente sobre las viviendas construidas alrededor de las villas. La legisladora preguntó qué ocurriría con esas unidades una vez finalizado el evento y reclamó información sobre la inversión pública, los mecanismos de comercialización y la forma en que eventualmente se recuperaría la participación estatal. Azanza fue explícita respecto de los límites de su propia información: reconoció que obtenía datos a través de publicaciones periodísticas y pidió que el Ejecutivo explicara documentalmente cómo funcionaría el esquema. Es una precisión importante porque sus interrogantes no constituyen prueba de irregularidades, pero sí demuestran algo diferente: había legisladores preguntando por el destino de las viviendas antes de que ocurriera lo del viernes.
“¿Es necesario que haya departamentos de 150 mil dólares?”
Azanza había llevado la discusión además hacia el problema habitacional. La diputada cuestionó referencias periodísticas que ubicaban determinadas unidades entre los 80.000 y 150.000 dólares, aunque ella misma reconoció no contar con toda la documentación para verificar las condiciones definitivas. Desde allí formuló una pregunta política: si existía semejante inversión, ¿por qué no pensar viviendas de menor costo y mayor accesibilidad? “¿Es necesario que haya departamentos de 150.000 dólares? ¿No se pudieron haber hecho departamentos de 50, 60, 70?”, preguntó.
La situación de Santa Fe y Rosario no puede reducirse a aquella discusión sobre valores inmobiliarios, mucho menos cuando esos montos no aparecen acreditados documentalmente en el material disponible. Pero el interrogante social permanece: ¿cuál debe ser el legado habitacional de un evento financiado con participación estatal en una provincia donde miles de personas tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda? El viernes esa pregunta apareció de la peor manera.
Cuando se apagó la llama aparecieron los problemas del día después
Durante meses el Gobierno habló del legado de los Juegos Suramericanos y tenía razones para hacerlo. La inversión dejó estadios, pistas, centros deportivos, equipamiento, obras urbanas y viviendas que permanecerán mucho después de finalizada la competencia. En Santa Fe quedaron la renovación del CARD, un Estadio Multipropósito y las 346 viviendas de la Villa Suramericana; Rafaela incorporó infraestructura deportiva y Rosario sumó nuevos escenarios.
Pero un legado no se garantiza solamente construyendo. También hay que administrarlo, mantenerlo, custodiarlo, financiarlo y establecer reglas transparentes sobre quién puede utilizarlo y en qué condiciones. Ese era precisamente el debate que algunos legisladores intentaron instalar antes de los Juegos. Ahora dejó de ser una discusión abstracta.
La pobreza no convierte una usurpación en legítima
Existe un límite que también debe quedar perfectamente establecido. La pobreza no habilita una ocupación. La falta de vivienda no justifica romper un cerco, ingresar por la fuerza a una propiedad pública ni atacar a policías. Si existió una organización que utilizó la vulnerabilidad de familias para impulsar una toma, la Justicia deberá identificar a sus responsables.
Pero reconocer todo eso no obliga a aceptar que la única explicación posible sea una conspiración política. Las imágenes mostraron familias y menores desplazándose hacia el complejo. Esa realidad debería generar otra preocupación en el Gobierno, porque para movilizar a una familia hacia una ocupación primero tiene que existir una necesidad sobre la cual alguien pueda operar. Y allí comienza una discusión bastante más profunda que encontrar al autor de un audio de WhatsApp.
El problema que no se resuelve encontrando un chivo expiatorio
La Casa Gris tiene derecho y obligación de investigar. Lo que debería evitar es utilizar esa investigación para reemplazar cualquier autocrítica. Puede encontrarse al responsable de convocar, determinarse quién difundió el audio, establecerse si existió alguna organización política y sancionarse a quienes hayan cometido delitos. Pero ninguna de esas respuestas explicará por sí sola por qué existe semejante demanda habitacional.
Tampoco responderá por qué, después de una inversión extraordinaria alrededor de los Juegos, legisladores continuaban preguntando cómo se administraría el legado, ni explicará por qué una vez terminada la competencia todavía existen interrogantes políticos alrededor del destino y transición de algunas obras.
Las advertencias estaban sobre la mesa
Lo ocurrido el viernes tiene un agravante político: el día después de los Juegos había sido advertido. Corach había preguntado quién gestionaría y mantendría las obras. Azanza había preguntado qué ocurriría concretamente con las viviendas y cómo funcionaría el esquema económico. El Concejo santafesino había discutido qué destino debía tener parte del equipamiento.
No eran cuestionamientos idénticos ni provenían de los mismos espacios políticos. Tampoco anticipaban específicamente una usurpación. Pero todos compartían una preocupación: qué pasaría cuando se fueran los deportistas y quedara el patrimonio construido. El viernes apareció una primera respuesta brutal.
Defender las viviendas también significa tener un plan para ellas
La Policía hizo lo que debía hacer frente a un intento de ocupación: preservar el predio y evitar que las viviendas fueran tomadas. Ahora comienza otra responsabilidad. El Gobierno deberá garantizar que las 346 unidades permanezcan custodiadas hasta su adjudicación, comunicar claramente cómo y cuándo se realizará el procedimiento, evitar que prosperen falsas convocatorias y explicar qué esquema definitivo tendrá el complejo.
Y, sobre todo, debería evitar caer en una discusión simplificada entre “santafesinos de bien” y quienes quedaron del otro lado de esa definición. Porque el Estado no administra derechos en función de categorías morales. Administra reglas. Quien cumpla los requisitos podrá acceder. Quien intente apropiarse de una vivienda por la fuerza deberá responder ante la ley. Pero quien vive en la pobreza también sigue siendo santafesino.
Después de la fiesta llegó la realidad
Los Juegos Suramericanos terminaron. Las delegaciones se fueron, la llama se apagó, las fotografías de estadios repletos quedaron para el archivo y las obras comenzaron una etapa mucho menos espectacular pero probablemente más difícil: demostrar que realmente pueden convertirse en el legado prometido. La noche del viernes dejó una primera alarma.
El intento de ocupación fue grave y debe investigarse. Si existieron instigadores políticos, deberán ser identificados y deberán responder. Pero sería demasiado sencillo terminar allí el análisis. Porque mientras el Gobierno busca quién estuvo detrás del audio, quedan otras preguntas que nadie debería perder de vista: ¿por qué tantas familias estuvieron dispuestas a ir hasta esas viviendas?, ¿por qué el problema habitacional genera semejante desesperación?, ¿quién custodia y administra las obras después de los Juegos?, ¿por qué varias de esas preguntas habían sido formuladas antes y todavía continúan formando parte del debate?
La Provincia puede encontrar responsables por lo ocurrido el viernes. Lo que no debería hacer es convertirlos en una explicación para todo.
Porque el intento de usurpación puede haber tenido instigadores. La crisis habitacional, la vulnerabilidad social y la obligación de cuidar el patrimonio que dejaron los Juegos son problemas bastante anteriores a ese audio de WhatsApp.
