El Concejo Municipal autorizó por mayoría al gobierno de Juan Pablo Poletti a realizar adecuaciones al Presupuesto 2026 por hasta $36.820.729.600 para atender los desequilibrios generados por una inflación superior a la prevista, garantizar servicios y afrontar obligaciones salariales. La oposición cuestionó el crecimiento del gasto, reclamó mayor información y advirtió que la medida no garantiza equilibrio fiscal. Mientras el Legislativo discutía esa ampliación, el Ejecutivo recibió otra noticia de fuerte contenido financiero: la Provincia autorizó al municipio a emitir instrumentos por hasta $10.000 millones en el mercado de capitales, utilizando recursos de la coparticipación federal como garantía. Dos decisiones diferentes, pero que vuelven a colocar bajo la lupa el estado de las cuentas de la capital provincial.
Las finanzas de la Municipalidad de Santa Fe quedaron en el centro de la discusión política después de una jornada en la que confluyeron dos decisiones económicas de magnitud. El Concejo Municipal aprobó por mayoría una ampliación del Presupuesto 2026 por hasta $36.820.729.600, solicitada por la administración de Juan Pablo Poletti para afrontar el desfasaje producido entre las proyecciones originales y la evolución real de los precios. Casi simultáneamente, el Gobierno provincial autorizó al municipio a avanzar con la emisión de instrumentos financieros por hasta $10.000 millones, que podrán colocarse en el mercado de capitales local y tendrán como garantía recursos provenientes de la coparticipación federal.
Son dos instrumentos distintos y sería incorrecto presentarlos como una única operación. La adecuación presupuestaria aprobada por el Concejo no significa tomar deuda por $36.820 millones: permite derivar mayores recursos del Tesoro Municipal al presupuesto vigente y ajustar las partidas a la evolución de ingresos y gastos. La autorización provincial, en cambio, sí habilita una herramienta de financiamiento mediante la emisión de títulos de corto plazo. Sin embargo, la coincidencia temporal de ambas decisiones alimentó las críticas de sectores opositores y abrió una pregunta política inevitable: ¿cuál es la situación real de las cuentas municipales para que, al mismo tiempo que se requiere una ampliación presupuestaria de semejante magnitud, se habilite al Ejecutivo a buscar otros $10.000 millones en el mercado?
$36.820 millones más para cubrir el desfasaje
El Concejo autorizó modificaciones y adecuaciones sobre el Presupuesto Municipal 2026, establecido mediante la Ordenanza Nº 13.094, por hasta $36.820.729.600. La explicación oficial parte de una diferencia significativa entre las variables utilizadas para confeccionar la denominada “ordenanza madre” y lo que finalmente ocurrió con la economía durante el año. Cuando se proyectaron las cuentas municipales se trabajó con una pauta inflacionaria del 10,1%, mientras que el IPC acumulado a octubre alcanzó el 21,3%.
Según el Ejecutivo, esa diferencia impactó directamente sobre la estructura de costos del municipio: prestación de servicios, adquisición de bienes, contrataciones y obligaciones laborales, entre ellas el pago de salarios y Sueldo Anual Complementario. La administración Poletti sostiene que la evolución de precios alteró las previsiones originales y generó desequilibrios entre ingresos y gastos que obligan a actualizar las partidas antes del cierre del ejercicio.
El municipio aclaró, sin embargo, que ese desfasaje responde también a los diferentes momentos de registración propios de la ejecución presupuestaria y que “no implica, por sí mismo, un deterioro de la situación financiera municipal”. El oficialismo presentó la adecuación como una herramienta necesaria para sincerar las cuentas frente a una inflación superior a la calculada y no como una autorización para generar nuevo endeudamiento.
El texto aprobado incorporó además una protección específica para los créditos presupuestarios destinados a las secretarías de Políticas Sociales y Educación, estableciendo que esas partidas no podrán ser reducidas durante el ejercicio. La modificación busca poner límites al margen de reasignación que tendrá el Ejecutivo mientras realiza las adecuaciones necesarias.
La oposición puso el foco en el gasto y pidió explicaciones
La discusión estuvo lejos de conseguir unanimidad. Desde La Libertad Avanza, la concejala Ana Cantiani votó en contra y sostuvo que reconocer el impacto inflacionario no significa necesariamente aceptar un incremento del presupuesto sin revisar primero el nivel de gastos del Estado municipal.
“Nosotros, cuando en casa no nos alcanza la plata, cuando los gastos empiezan a aumentar, lo que hacemos no es pedir más plata, es bajar los gastos y dejar para más adelante lo que no es prioritario”, argumentó. Cantiani aseguró que su bloque viene reclamando durante todo el año una revisión de gastos que considera innecesarios y planteó además reparos sobre el nivel de información que acompaña la solicitud: “Hoy vienen a pedirnos 36.800 millones de pesos para ampliar el presupuesto y lo más preocupante es que ni siquiera tenemos un detalle suficiente de adónde va a ir esa plata”.
La concejala cuestionó también determinadas erogaciones realizadas por la Municipalidad y puso como ejemplo los aproximadamente $80 millones destinados a un cartel de bienvenida a la ciudad, mientras —según su planteo— existen barrios con necesidades básicas pendientes. También reclamó mayores controles sobre funcionarios políticos y concluyó que la adecuación aprobada “no nos garantiza equilibrio fiscal, déficit cero”.
En una línea similar se expresó el concejal Pablo Musso, quien buscó poner la discusión dentro de una perspectiva más amplia sobre el crecimiento del presupuesto municipal. Según los cálculos que presentó en el recinto, con esta nueva ampliación el presupuesto terminaría mostrando un incremento real cercano al 20% respecto del presupuesto final del año pasado, mientras que al tomar los últimos ejercicios el crecimiento superaría el 40%.
“Yo digo, ¿dónde está todo eso? La verdad que no se ve la contraprestación, no se ve en las calles”, cuestionó. Y agregó: “Lo que yo estoy viendo es que cada vez aumenta más el tamaño del Estado y los resultados cada vez son peores”. Esa lectura llevó a su sector a rechazar el proyecto.
El oficialismo defendió el “sinceramiento” de las cuentas
Desde Unidos, la concejala María Beatriz Barletta defendió la solicitud del Ejecutivo y ubicó el problema exclusivamente en la distancia entre las proyecciones macroeconómicas utilizadas para confeccionar el presupuesto y la inflación finalmente registrada. Según explicó, los recursos municipales también fueron aumentando durante el año, pero resulta necesario actualizar formalmente las partidas para que el presupuesto refleje esa nueva realidad.
“Para atender los desequilibrios que genera este desfase en las previsiones financieras se hace esta ampliación presupuestaria. Además, hay que decir que van ingresando más recursos al municipio, pero es necesario compensar la pauta inflacionaria”, señaló.
Barletta definió la medida como un “sinceramiento de las cuentas” y sostuvo que Poletti pidió la adecuación precisamente para reflejar ante los vecinos la situación económica real del municipio. También recordó que durante 2025 se había recurrido a una modificación presupuestaria por un motivo similar, debido a que las proyecciones nacionales de inflación terminaron ubicándose por debajo de la evolución efectiva de los precios.
Desde esa perspectiva, el oficialismo rechaza que los $36.820 millones representen nuevo endeudamiento o una autorización genérica para aumentar el gasto. La explicación es que se trata de ajustar las partidas a recursos y costos que ya evolucionaron por encima de lo previsto.
Mientras se discutía la ampliación, llegó el aval para emitir hasta $10.000 millones
Pero mientras el debate político estaba concentrado en esos $36.820 millones, otra decisión económica vinculada con la Municipalidad pasó mucho más desapercibida.
A través del Decreto 2289, el Gobierno de Santa Fe autorizó al municipio capitalino a emitir instrumentos financieros por hasta $10.000 millones. La operación podrá concretarse en el mercado de capitales local y tendrá como garantía los fondos que la Municipalidad recibe en concepto de coparticipación federal.
Aquí sí se trata de una herramienta vinculada al endeudamiento municipal, aunque la autorización no significa necesariamente que la totalidad de los $10.000 millones vaya a ser utilizada inmediatamente. El decreto habilita al Ejecutivo a recurrir a ese mecanismo dentro del monto máximo autorizado.
El dato resulta políticamente significativo por el momento en que se conoce. Mientras Poletti solicitaba al Concejo una ampliación presupuestaria argumentando la necesidad de atender desequilibrios generados por la inflación y garantizar obligaciones municipales, la Provincia le habilitaba simultáneamente una vía adicional de financiamiento.
El propio decreto provincial introduce, sin embargo, un elemento que contrasta con las críticas opositoras sobre las cuentas locales. Según la fundamentación oficial, “en base a los datos aportados por la Municipalidad de Santa Fe, ésta presenta una situación financiera favorable para asumir el nuevo compromiso en trámite”. Es decir, la Provincia considera que el municipio tiene capacidad financiera suficiente para afrontar la eventual emisión.
Dos herramientas diferentes y una misma discusión sobre las cuentas
La coincidencia entre ambas decisiones no permite concluir por sí sola que la Municipalidad se encuentre frente a una crisis financiera. Tampoco la ampliación presupuestaria demuestra automáticamente la existencia de déficit, y el propio Ejecutivo sostiene expresamente que los desequilibrios observados no implican por sí mismos un deterioro de las finanzas municipales.
Pero sí aparecen elementos que justifican una discusión más profunda sobre las cuentas de Santa Fe.
Por un lado, el municipio necesitó ampliar en $36.820 millones el presupuesto originalmente aprobado para poder acompañar la evolución de los costos y cumplir sus obligaciones. Por otro, recibió autorización para disponer de una herramienta financiera adicional de hasta $10.000 millones, respaldada con futuros recursos de coparticipación. Y en el medio aparecen concejales opositores que reclaman información más detallada sobre el destino de los recursos, cuestionan el crecimiento real del presupuesto y sostienen que el aumento del gasto no encuentra correlato suficiente en los servicios que reciben los vecinos.
La discusión, por lo tanto, no debería confundirse. Una ampliación presupuestaria no es lo mismo que endeudamiento, ni corresponde sumar automáticamente ambos montos como si se tratara de una deuda por $46.820 millones. Pero tampoco debería analizarse cada decisión en compartimentos completamente separados.
Las dos forman parte de la administración financiera de un mismo municipio y ocurren en un contexto en el que el Ejecutivo reconoce la existencia de desequilibrios presupuestarios derivados de una inflación superior a la prevista.
La Provincia le dio a Poletti una herramienta que ahora quedará bajo la lupa
El aval provincial representa además un respaldo político y financiero para la administración de Poletti. La Casa Gris no solamente autorizó la operación, sino que consideró, sobre la base de la documentación municipal presentada, que Santa Fe se encuentra en condiciones de asumir el compromiso.
La garantía elegida tampoco es un dato menor: los recursos de coparticipación federal constituyen ingresos futuros del municipio y funcionarán como respaldo de la emisión. Por eso, cuando se conozcan las condiciones concretas de colocación, será importante determinar plazos, tasas, vencimientos, destino de los fondos y costo financiero efectivo.
Allí aparece precisamente uno de los puntos todavía insuficientemente desarrollados en la información pública disponible: para qué utilizará concretamente el municipio los recursos que eventualmente obtenga mediante esos instrumentos financieros y bajo qué condiciones terminará financiándose.
La discusión que dejó el Concejo ya había instalado preguntas sobre el volumen del presupuesto, la evolución del gasto y el nivel de detalle proporcionado a los legisladores locales. La autorización provincial suma ahora otro capítulo.
Poletti consiguió las dos herramientas.
Una, aprobada por mayoría por el Concejo, para readecuar hasta $36.820 millones de su Presupuesto 2026 frente a una inflación que duplicó la pauta utilizada originalmente.
La otra, otorgada por el Gobierno provincial, para buscar hasta $10.000 millones en el mercado de capitales, utilizando recursos de coparticipación como garantía.
Ninguna de las dos decisiones, por sí sola, demuestra que las cuentas municipales estén descontroladas. Pero juntas colocan una obligación adicional sobre el Ejecutivo: mostrar con mayor precisión cuál es la situación financiera de Santa Fe, cuánto crecieron realmente sus gastos, cómo evolucionaron sus ingresos y para qué necesitará utilizar el nuevo financiamiento autorizado.
Porque si la explicación oficial es que las cuentas continúan siendo financieramente sostenibles, la transparencia sobre esos números será la principal herramienta para despejar las dudas que la oposición ya llevó al recinto.
