Hace días un fallo judicial apuntó al shopping Fisherton Plaza como uno de los responsables de la contaminación del arroyo Ludueña mientras que en Rafaela otro fallo dispuso la nulidad de un artículo de una ordenanza que permitía fumigar a 50 metros de distancia de la zona urbana, y reimplantó el límite de 200 metros. A esto, se suman otras sentencias e investigaciones de fiscalías penales y extrapenales que en combinación con la agenda legislativa de la provincia plantean un importante andamiaje de los poderes del
Estado de cara a la cada vez más creciente problemática en torno al daño de nuestro planeta.
En ese marco, la diputada del GEN, Mónica Perlata, se reunió con el procurador general de la Corte Suprema provincial, Dr. Jorge Barraguirre. Allí, dialogaron temas relacionados al cuidado ambiental, destacando fallos y sentencias recientes e investigaciones vinculadas a la protección de nuestro hábitat. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Rosario, el pasado jueves, en los edificios de tribunales ubicados en Balcarce al 1600.
“Junto al procurador dialogamos sobre las acciones necesarias que debe llevar adelante el Estado; hoy es importante mirar hacia dentro en un contexto donde hay mucho por hacer, hay leyes importantes que se deben tener en cuenta como la Ley de ambiente provincial sobre lo cual se debatió en la legislatura y todo lo referente al ordenamiento territorial del suelo que afecta al momento de determinar responsables como por ejemplo las quemas del delta del paraná, entre otras cosas” explicó la legisladora al tiempo que remarcó la importancia de la reunión con representantes del ámbito judicial.
Días atrás, una sentencia judicial puso el foco en el predio comercial ubicado en la ciudad de Funes denominado “Fisherton Plaza Open Mall” cuyo titular es Rusitano SA; como uno de los responsables de la contaminación que azota al arroyo Ludueña. En ese sentido y pese a no contar con los estudios ambientales necesarios, la empresa llevó adelante sus actividades.
El fallo de primera instancia realizado por el Juzgado Civil y Comercial a cargo del Juez Marcelo Quiroga, acreditó un trabajo de la fiscalía extrapenal cuya responsable es la doctora María Laura Martínez, quien presentó en su momento un amparo donde esgrime en detalle el accionar de la empresa y su vinculación con la contaminación del arroyo mencionado. “Se logró identificar a Rusitano S.A, como uno de los sujetos que en la actualidad está atentando contra el ecosistema del arroyo Ludueña y que está desarrollando su actividad de manera clandestina y manifiestamente ilegal”, detalla y revela el texto del recurso de amparo.
Con antelación a este hecho la legisladora Mónica Peralta había realizado una serie de reuniones entre las que destacan la llevada a cabo con la fiscal antes mencionada. Ya en aquel entonces, mediados del 2022, las mujeres dialogaron sobre dicha problemática.
En ese cónclave, la diputada había mencionado la urgencia por proteger las cuencas acuíferas, como los arroyos Ludueña y Saladillo de la contaminación de comercios e industrias de la zona.
También, hace días, Peralta presentó un pedido de informe en el cual instó al ejecutivo provincial de Santa Fe a que “informe sí existen acciones periódicas de relevamientos ambientales que se realicen en el Arroyo Ludueña”. Al mismo tiempo salía la sentencia judicial basada en la investigación de la fiscalía extrapenal a cargo de la doctora Martinez. En este sentido la legisladora del GEN volvió a poner en relieve “la importancia de articular diferentes actores del estado para avanzar sobre la protección del ambiente y expresó: “Presentamos un pedido de informe exigiendo la regularización de esta situación y seguimos trabajando coordinadamente con diferentes áreas de gestión entendiendo que la solución está en el compromiso y el accionar político”.
En ese orden de cosas, otro fallo tendiente a la protección del ambiente sucedió hace días en Rafaela. El mismo, corresponde al juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Matías Colón y dispuso según información pública, la nulidad de un artículo que permitía fumigar a 50 metros de distancia de la zona urbana, reimplantando el límite de 200 metros que establecía una ordenanza anterior. De este modo, antepuso la salud y el cuidado del hábitat por sobre lo estrictamente productivo, tema sobre el cual viene trabajando la diputada Mónica Peralta con diversos representantes del ámbito político y judicial como los que se mencionaron en la nota.
Este último fallo puede ser apelado, no obstante, marca un precedente en la región, si se tiene en cuenta que hace más de un año, una ordenanza habilitaba a fumigar de 200 a 50 metros de la franja que rodea a la zona urbana de la ciudad de Rafaela. Sin embargo y luego de un informe científico de la UNL denominado “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina” sumado, entre otros factores, a una serie de alertas por parte del sector político e investigaciones judiciales desembocaron en una vuelta atrás y reimplementación de los 200 metros.
“Es fundamental que el ejecutivo provincial dote a la justicia santafesina de recursos humanos y técnicos especializados para que estas investigaciones puedan hacerse a mayor escala”, concluyó finalmente la legisladora del GEN en referencia a lo mencionado.
De la reunión entre la diputada provincial del GEN, Mónica Peralta y el procurador general de la Corte Suprema provincial, Dr. Jorge Barraguirre también participó el subsecretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Dr. Ezequiel Brocchi.
