El gobierno nacional oficializó, mediante el decreto 137/2025 publicado en el Boletín Oficial, la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, justificada en la “dilación” del Senado en el tratamiento de los pliegos, reavivó la tensión política y generó un amplio rechazo de la oposición.
La decisión se ampara en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que habilita al Poder Ejecutivo a nombrar jueces federales en comisión ante vacantes urgentes. El gobierno argumenta que la Corte funciona actualmente con solo tres miembros, lo que compromete su operatividad y genera el riesgo de paralización por falta de unanimidad en las decisiones.
El nombramiento de Lijo y García-Mansilla se concretó tras la imposibilidad del Ejecutivo de obtener el respaldo necesario en la última sesión del Senado, previa a la finalización del período de extraordinarias el 21 de febrero. Con este decreto, el oficialismo busca sortear la falta de acuerdo legislativo y avanzar con la integración del tribunal.
¿Quiénes son los nuevos jueces de la Corte?
Ariel Lijo: el magistrado de perfil político
El juez Ariel Lijo, hasta ahora integrante del Juzgado Federal N°4, es una figura de peso en el ámbito judicial y político. Su trayectoria está marcada por causas de alto impacto, como la que llevó a la condena del exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. También intervino en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de inteligencia Jaime Stiuso y en denuncias vinculadas al kirchnerismo.
Lijo mantiene una estrecha relación con sectores del poder y ha sido señalado como un magistrado con gran capacidad de negociación en los pasillos judiciales. Su postulación a la Corte generó fuertes resistencias en sectores opositores, que lo acusan de connivencia con el oficialismo y de un manejo discrecional de los tiempos en sus causas.
Manuel García-Mansilla: el académico con respaldo empresarial
En contraste con Lijo, Manuel García-Mansilla proviene del ámbito académico. Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en derecho constitucional y ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una institución con fuerte vinculación con el sector empresario.
Su perfil técnico y su falta de antecedentes en la gestión judicial lo diferenciaban de otros candidatos. Sin embargo, su designación no estuvo exenta de críticas. La oposición cuestiona su cercanía con el oficialismo y su falta de experiencia en la magistratura. Su llegada a la Corte responde, en gran parte, a la necesidad de equilibrar el tribunal con un perfil más institucional y alejado del poder político.
Un proceso marcado por la controversia
El nombramiento de jueces de la Corte Suprema requiere, según la Constitución, el acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros presentes en una sesión pública. En este caso, el gobierno optó por una designación en comisión, un mecanismo excepcional que históricamente ha sido utilizado en situaciones de emergencia institucional.
La decisión se sustenta en la falta de avances en el Senado, donde los pliegos de Lijo y García-Mansilla quedaron bloqueados. Desde el oficialismo acusan a la oposición de obstaculizar el proceso por “intereses partidarios”, mientras que desde la vereda opositora denuncian una maniobra para evitar el control legislativo.
El decreto repasa antecedentes de designaciones similares, incluyendo las de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nombrados en comisión por el expresidente Mauricio Macri en 2015. Sin embargo, en ese caso, los jueces fueron posteriormente ratificados por el procedimiento constitucional regular.
Rechazo de la oposición y alerta institucional
El nombramiento por decreto fue duramente cuestionado por distintos sectores de la oposición. Desde el bloque Unión por la Patria, advirtieron que el Senado ya había expresado su rechazo a este tipo de designaciones.
El senador radical Pablo Blanco calificó la medida como una “violación a la independencia judicial”, mientras que Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) habló de un “decretazo a la impunidad”. En la misma línea, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, acusó a Milei de despreciar la Constitución y de usar la mentira como herramienta política.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue aún más tajante y consideró que el decreto representa un “horror institucional” que pone en riesgo la República.
Una Corte con nuevo escenario
Con la incorporación de Lijo y García-Mansilla, la Corte Suprema vuelve a completar sus cinco miembros tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco (2021) y la próxima salida de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024.
El impacto de estas designaciones en la dinámica del máximo tribunal será clave en los próximos meses. Mientras el oficialismo busca consolidar su estrategia judicial, la oposición anticipa una batalla legal y política para revertir los nombramientos.
El desenlace de esta disputa marcará el rumbo de la justicia en la gestión Milei y definirá el grado de independencia y equilibrio en el poder judicial.
