El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario cuestionó las declaraciones del gobernador sobre abogados vinculados con organizaciones criminales y pidió evitar generalizaciones: si existen profesionales involucrados en delitos, sostuvo, deben ser identificados e investigados por la Justicia. También lamentó el silencio del Colegio de Abogados de Rosario, defendió el rol constitucional de la defensa y planteó su preocupación por una creciente influencia del Ejecutivo sobre el sistema judicial, particularmente sobre el Ministerio Público de la Acusación.
Las últimas declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro sobre abogados y contadores vinculados con organizaciones criminales volvieron a encender una discusión que excede aquella frase puntual y comienza a involucrar un debate más profundo sobre los límites entre las políticas de seguridad, el funcionamiento de la Justicia y la independencia que debe existir entre los poderes del Estado.
José Nanni, especialista en Derecho Penal y presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, habló sobre el tema en Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, y calificó como “desafortunadas” las expresiones iniciales del mandatario. Su principal objeción estuvo dirigida a la generalización: sostuvo que no puede colocarse bajo sospecha a una profesión entera por la eventual participación delictiva de algunos de sus integrantes.
El penalista reconoció, al mismo tiempo, que posteriormente Pullaro aclaró sus palabras y diferenció a quienes ejercen legítimamente la defensa de aquellos profesionales que efectivamente formen parte de organizaciones criminales. Sobre este último punto prácticamente no existen diferencias: si un abogado comete un delito debe ser investigado y, si corresponde, sometido a proceso. La discusión aparece cuando la sospecha deja de individualizar conductas y se proyecta sobre quienes desarrollan una determinada profesión.
“Las generalizaciones nunca son buenas”, sintetizó Nanni. Y detrás de esa afirmación colocó una cuestión institucional todavía más relevante: si desde el Gobierno provincial existe información concreta sobre abogados involucrados en hechos ilícitos, esa información debe llegar al Ministerio Público de la Acusación para que sea investigada.
Si existen nombres, el camino es la Fiscalía
Uno de los argumentos centrales de la entrevista fue precisamente la necesidad de separar una declaración política de una imputación penal. Para Nanni, cuando existen elementos concretos respecto de un profesional eventualmente vinculado con actividades ilícitas, corresponde ponerlos a disposición de un fiscal, permitir una investigación y, si existen pruebas suficientes, avanzar con el proceso correspondiente.
Esto adquiere una dimensión particular cuando quien posee esa información es un funcionario público. Hacia el final de la entrevista, Nanni recordó que funcionarios como el gobernador, ministros, diputados o senadores tienen obligación de denunciar cuando toman conocimiento de determinados hechos delictivos. Por eso insistió en que la respuesta frente a un profesional que delinque debe darse dentro de los mecanismos institucionales previstos y no mediante sospechas generales sobre una actividad.
La Asociación tampoco plantea una defensa corporativa de quienes puedan haber cometido delitos. Nanni fue explícito: si existen abogados que integran bandas narcocriminales, deben ser individualizados, investigados y eventualmente sancionados. Lo que cuestionó fue colocar en una misma categoría a quienes delinquen y a quienes mantienen contacto profesional con personas acusadas de delitos porque precisamente esa es su función como defensores.
En ese sentido, el propio entrevistado reconoció que las posteriores aclaraciones del gobernador acercaron las posiciones. Según Nanni, la segunda explicación de Pullaro permitió precisar que el cuestionamiento estaba dirigido a profesionales que participen de organizaciones delictivas y no a quienes garantizan el derecho de defensa. “Creo que estamos, en definitiva, diciendo lo mismo”, señaló, antes de remarcar que por encima de cualquier discusión deben encontrarse la ley, la Constitución y el derecho de defensa.
“Yo defiendo personas, no conductas”
La controversia permitió además volver sobre una discusión recurrente alrededor del papel del abogado penalista. Nanni rechazó la idea de que defender a una persona acusada de un delito implique justificar aquello que esa persona presuntamente hizo o garantizar su impunidad.
El rol del defensor, explicó, consiste en controlar que el proceso se desarrolle de acuerdo con la Constitución, las leyes y los códigos procesales. Si la evidencia demuestra la responsabilidad de una persona, deberá recibir la sanción correspondiente. Pero incluso en ese escenario el Estado debe respetar las reglas previamente establecidas para juzgarla.
“Yo defiendo personas, no conductas”, resumió Nanni al explicar su propia actividad profesional. Su función, señaló, no consiste en determinar moralmente si alguien hizo bien o mal, sino en garantizar que quien enfrenta una acusación penal sea juzgado respetando los estándares constitucionales, provinciales e internacionales.
La diferencia resulta esencial para comprender el sistema penal acusatorio. Fiscal, defensor y juez ocupan lugares distintos y cada uno cumple una función específica. La defensa no reemplaza al acusado ni convierte al abogado en integrante de las actividades que se le atribuyen a su cliente. Del mismo modo, ejercer el derecho de defensa no impide que un profesional pueda ser investigado si existen evidencias de que excedió esa función y participó personalmente de un delito. Es justamente esa frontera la que los penalistas reclaman preservar.
El silencio del Colegio de Abogados de Rosario que sorprendió a los penalistas
Nanni también dejó una crítica hacia adentro de la propia estructura profesional. Mientras la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario decidió responder públicamente y el Colegio de la Abogacía de Santa Fe también se pronunció, cuestionó que el Colegio de Abogados de Rosario no hubiera hecho lo mismo hasta el momento de la entrevista.
“Lamento profundamente que el Colegio de Abogados de Rosario no se haya pronunciado al respecto”, afirmó. Según explicó, las palabras iniciales del gobernador no alcanzaban exclusivamente a los penalistas, sino que podían comprender a profesionales de distintas especialidades. Incluso puso como ejemplo a un abogado civilista que participe de la constitución de un fideicomiso para demostrar hasta qué punto una formulación amplia puede terminar colocando bajo sospecha actividades profesionales completamente lícitas.
Para Nanni, ese silencio resulta especialmente preocupante porque los colegios profesionales tienen también la responsabilidad de intervenir cuando consideran que puede estar siendo afectado el ejercicio de la abogacía. Su crítica, por lo tanto, no estuvo dirigida solamente al Gobierno provincial: también reclamó una posición institucional más clara de quienes representan al conjunto de los abogados rosarinos.
Una advertencia más profunda: la relación entre el Ejecutivo y la Justicia
Pero el tramo políticamente más fuerte de la entrevista apareció cuando la conversación dejó atrás las declaraciones puntuales y avanzó hacia el funcionamiento general del sistema judicial santafesino.
Consultado sobre las advertencias que los penalistas vienen realizando frente a distintas reformas promovidas por el Gobierno, Nanni afirmó que observa una creciente intervención del Poder Ejecutivo sobre cuestiones judiciales.
“Vemos una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, sobre todo en el Ministerio Público de la Acusación”, sostuvo. Y agregó un dato desde su experiencia personal: aseguró que lleva casi 25 años ejerciendo la profesión y que no había observado anteriormente una situación semejante con esa intensidad. Se trata de una valoración del propio Nanni sobre el funcionamiento institucional actual, no de una constatación judicial de una violación a la independencia de poderes.
Su preocupación, explicó, no pasa solamente por la actuación del Ejecutivo. También cuestionó que determinadas situaciones no sean suficientemente “resistidas”, analizadas o advertidas desde el propio Poder Judicial. Allí colocó especialmente el papel de los jueces.
Para el penalista, un fiscal puede investigar y solicitar medidas dentro de las facultades que le otorga la ley, pero existe un magistrado encargado de controlar si están dadas las condiciones para detener a una persona, mantener una prisión preventiva o avanzar con determinadas restricciones. “El que en definitiva tiene que poner el freno es el juez”, afirmó, al definirlo como el último garante de las libertades y garantías constitucionales.
Nanni incluso sostuvo que algunas decisiones adoptadas en primera instancia terminan posteriormente revocadas por cámaras de apelaciones, mencionando prisiones preventivas, detenciones y otras resoluciones. Para él, allí existe una señal de que el control judicial debe conservar autonomía frente a la orientación de la política criminal definida por cualquier gobierno.
Reconocer los resultados en seguridad sin entregar los controles
La posición del titular de los penalistas rosarinos no fue, sin embargo, una impugnación general de la política de seguridad provincial. Durante la entrevista hizo una distinción que resulta central.
Nanni reconoció la reducción de los homicidios, un mayor control penitenciario y una presencia policial más visible en las calles. Aclaró que no cuestiona esos resultados y sostuvo que, como ciudadano de Rosario y padre de hijos que viven y estudian en la ciudad, considera positivas las políticas preventivas que permitan mejorar la seguridad.
El límite aparece, según su mirada, cuando una política criminal necesita de la Justicia una convalidación automática para sostener determinadas prácticas en el tiempo, particularmente cuando pueden existir excesos. “Estamos cruzando una raya que no se debe cruzar”, advirtió.
Su planteo es que eficacia e institucionalidad no deberían presentarse como conceptos incompatibles. Es posible —y necesario— combatir al narcotráfico y al crimen organizado, pero sin convertir esa necesidad en una autorización para relativizar garantías constitucionales. Durante la entrevista utilizó una frase atribuida a Nietzsche para sintetizar esa idea: quien combate con monstruos debe evitar convertirse en uno de ellos.
Más facultades para policías y fiscales: la otra discusión abierta
La preocupación de los penalistas se conecta directamente con las reformas que el Ejecutivo provincial viene promoviendo para ampliar herramientas de investigación y actuación de fiscales y fuerzas policiales.
Nanni reconoció que existen procedimientos y normas que pueden necesitar modificaciones, pero volvió a plantear que el Derecho Penal no puede transformarse en la primera respuesta frente a todos los problemas sociales. Para el abogado, la criminalidad organizada necesita un abordaje que incorpore también educación, prevención, políticas sociales y otras disciplinas, porque el Derecho Penal interviene cuando el delito ya ocurrió.
Su objeción se vuelve más concreta cuando analiza la posibilidad de otorgar nuevas facultades a las fuerzas de seguridad. Allí utilizó como ejemplo los recientes incidentes ocurridos en Newell’s y sostuvo que, a su criterio, la Policía santafesina todavía necesita mayores niveles de capacitación y entrenamiento antes de recibir herramientas que puedan afectar garantías constitucionales. También incorporó otro elemento que pocas veces aparece en ese debate: las condiciones laborales y salariales de los propios policías.
Nanni no cuestionó individualmente al agente que trabaja todos los días en la calle. Por el contrario, planteó que bajos salarios, segundos empleos, falta de descanso, estrés, problemas familiares y condiciones laborales deficientes pueden terminar repercutiendo sobre personas que además portan armas y deben tomar decisiones en situaciones de extrema tensión.
El razonamiento vuelve entonces al mismo punto: antes de otorgar mayores atribuciones al aparato punitivo del Estado, también debe discutirse qué capacitación, controles y condiciones existen para ejercerlas.
El caso Newell’s como ejemplo de los límites
Los incidentes ocurridos recientemente en las inmediaciones y dentro de Newell’s también aparecieron durante la entrevista como un caso concreto para discutir esos límites.
Nanni fue cuidadoso respecto de la investigación judicial y aclaró que no forma parte de la causa ni conoce todas las medidas dispuestas por el fiscal. Explicó además que el Código Procesal Penal contempla circunstancias excepcionales en las que la Policía puede ingresar a una propiedad sin esperar una orden judicial, por ejemplo cuando existe un delito flagrante que debe hacerse cesar.
Según relató, la explicación del procedimiento en Newell’s sostiene que efectivos habrían sido agredidos desde el interior del club y que el ingreso tuvo como objetivo detener esa conducta. Sin embargo, Nanni señaló que existe una investigación del Ministerio Público de la Acusación sobre eventuales abusos policiales y afirmó que las imágenes de videovigilancia son parte del material que deberá analizarse para determinar responsabilidades.
Su conclusión volvió a ser la misma: si existían personas arrojando piedras contra efectivos, la Policía tenía que hacer cesar el delito, pero eso no habilitaba cualquier método. A su criterio, existían otras herramientas antes de recurrir a determinadas formas de utilización de la fuerza.
“Las generalizaciones no son buenas”
Sobre el final, Nanni abrió además una puerta al diálogo. La Asociación de Abogados Penalistas, explicó, tiene entre sus objetivos colaborar con la administración de Justicia y está dispuesta a participar de discusiones sobre política criminal.
“No buscamos ni queremos impunidad”, remarcó. Tampoco planteó una oposición automática a cada política impulsada por el Ejecutivo. Por el contrario, sostuvo que las diferencias pueden discutirse alrededor de una mesa y que la entidad está disponible para aportar la experiencia acumulada por profesionales que llevan años trabajando dentro del fuero penal.
Ese final permite dimensionar mejor el conflicto. Después de las aclaraciones posteriores del gobernador, Nanni reconoció que ambas partes parecen coincidir en algo elemental: si un profesional comete un delito, debe ser investigado y eventualmente sancionado. La discrepancia está en considerar que el contacto profesional con personas vinculadas al delito pueda transformarse por sí solo en motivo de sospecha.
Pero la entrevista dejó planteada una cuestión bastante más amplia que aquella polémica.
La Asociación de Abogados Penalistas viene observando con preocupación la relación entre el poder político, fiscales, policías y jueces. Reconoce resultados de la política de seguridad y no discute la necesidad de combatir con firmeza al narcotráfico. Lo que reclama es que esa efectividad no termine desplazando los controles que existen precisamente para limitar el poder del Estado.
En ese equilibrio se juega una discusión que probablemente continúe acompañando las reformas penales santafesinas: cómo conseguir un Estado más eficaz frente al delito sin construir, en el camino, una Justicia menos independiente.
