El diputado provincial Miguel Rabbia, junto a las diputadas Verónica Baró Graf y Lucila De Ponti, presentaron un pedido de comunicación para que el Poder Ejecutivo informe sobre la naturaleza y transparencia de la relación entre el Estado santafesino y la firma Genamex S.A.. La preocupación central de los legisladores radica en la promoción estatal de una empresa que, presentada como una plataforma de asesoramiento con sede en Texas, EEUU, carece de un historial comercial verificable y no cuenta con un lugar de funcionamiento físico comprobable. Solo resaltan contar con financiamiento internacional de fondos de New York.
A pesar de estas irregularidades, tanto el Ministerio de Desarrollo Productivo como la empresa estatal Enerfé, han impulsado a Genamex como un «socio estratégico» ante empresas locales en el marco de la Mesa de Transición Energética. Esta situación, sumada a la ausencia de la firma en el Registro Único de Proveedores y Contratistas y en el Registro de Personas Jurídicas de Santa Fe, ha despertado serios interrogantes sobre los criterios de selección aplicados por la administración de Pullaro.
Al respecto, el diputado Miguel Rabbia enfatizó la necesidad de rendición de cuentas por parte de la gestión actual: «A fin de lograr obtener claridad sobre los procesos, vínculos y objetivos que mantiene el Estado provincial con la firma señalada es que se requiere al Poder Ejecutivo brinde información al respecto en base a los principios de promoción y transparencia». A su vez, el legislador profundizó su preocupación por el financiamiento de la empresa. «No hay claridad sobre los recursos que dispone la empresa, solo han manifestado que cuentan con financiamiento proveniente de fondos de New York; no queda claro si se veran involucrado financiamiento público».
El pedido de comunicación exige al Poder Ejecutivo provincial que brinde explicaciones detalladas sobre varios puntos críticos. En primer lugar, se requiere informar si se han formalizado convenios, acuerdos de asesoramiento o contratos de cualquier índole con la firma Genamex S.A. o sus denominaciones vinculadas.
Asimismo, el Ejecutivo deberá aclarar por qué esta empresa, habiendo sido promocionada por el Estado, no figura inscripta ni en el Registro Único de Proveedores y Contratistas ni en el Registro de Personas Jurídicas de la provincia. Adicionalmente, se solicita conocer si existen análisis técnicos que avalen la estructura financiera u organizacional de la consultora para garantizar su capacidad de gestionar proyectos de infraestructura energética de gran envergadura.
Finalmente, el proyecto indaga sobre la posible existencia de conflictos de interés, solicitando verificar si funcionarios, asesores técnicos del Estado o sus familiares directos ocupan cargos en el directorio o mantienen una relación laboral con la firma, lo cual derivaría en potenciales incompatibilidades éticas y legales.
