El Gobierno envió hace unos dias el borrador de la nueva versión, recortada, de la Ley Bases a los gobernadores y a los diputados de los bloques dialoguistas, el tratamiento comenzo a darse en una reunión en la presidencia del Senado, este jueves en medio de un clima enrarecido por los aumentos desmedidos de las dietas senatoriales.
El proyecto del Ejecutivo llegó acompañado por un capítulo fiscal que será tratado en forma conjunta e incluye la modificación del Impuesto a las Ganancias retrotrayendo la eliminación de la cuarta categoría y llevando el piso a $ 1.800.000 para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados, tal como se acordó en las reuniones que el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvieron con los gobernadores más cercanos al Gobierno y los diputados dialoguistas.
Tanto en el bloque de La Libertad Avanza como en sus aliados del PRO hay optimismo en que la nueva versión avanzará en Diputados, ya que es un proyecto mejorado con las modificaciones acordadas en el primer intento que fracasó en febrero por la falta de acuerdo en el articulado relacionado con la reforma del Estado y, principalmente, con las privatizaciones, cuando se trataba en particular tras haber sido aprobado en general por una amplía mayoría.
El texto definitivo estableció en el primero de los 279 artículos del nuevo proyecto se establece: «Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año». La redacción se ajusta a las condiciones que habían sido acordadas en la Cámara de Diputados antes de que se caiga la propuesta original.
Luego de la reunión informativa en la que comenzó a analizarse el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a partir del martes que viene se dará inicio al debate en las comisiones, para llegar al dictamen. En esa comisión se discutirá el proyecto de ley para dar dictamen en el transcurso de la semana, en tanto que paralelamente se reanudarán el plenario que analizará el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Confirmado, serán las mismas tres comisiones que trabajaron en el verano: Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para emitir un nuevo dictamen para llevar al recinto.
En esa discusión estará incorporada la reforma laboral, que incluirá solo tres puntos: cese, período de prueba y multas. En principio se sumará como artículos a la ley de Bases, según fuentes consultada este jueves. Pero no se descarta tampoco la posibilidad de que vaya como proyecto paralelo.
A pedido de los diputados aliados, el oficialismo separó en dos textos las reformas. La desmalezada ley ómnibus pasó de 664 a 279 artículos y contiene una desregulación económica y administrativa, cambios en el manejo de los fondos fiduciarios, ajustes en el empleo público, la incorporación del Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) y la eliminación de la moratoria previsional impuesta por Alberto Fernández.
En tanto, el paquete fiscal titulado “ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” cuenta con 101 artículos e incluye, entre otras cosas, un blanqueo de capitales, la reimposición del impuesto a las ganancias, cambios sobre la tributación de los bienes personales y un régimen para que empleadores regularicen la situación de sus trabajadores. Se excluyó, en tanto, la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y la eliminación del impuesto mínimo a los cigarrillos.
Respecto de la reforma laboral, está previsto que en los próximos días la UCR remita al oficialismo su propuesta. Una vez consensuada, será incluida durante la discusión en comisiones de la nueva ley ómnibus. “Queremos una reforma laboral que baje la litigiosidad”, definió el jefe de bancada radical, Rodrigo de Loredo. La iniciativa tendrá una ampliación de tres a seis meses del período de prueba, la posibilidad de indemnizar con el formato Uocra -que prevé un fondo de cese laboral-, donde cada sindicato por actividad decida si es conveniente o no. “Vamos a insistir con que esté el tema de la no obligatoriedad del aporte sindical. Si el Gobierno lo arregla con la CGT y retrocede tendrá sus razones”, deslizaron en la UCR.
Facultades delegadas
El Poder Ejecutivo resignó siete de las 11 emergencias reclamadas originalmente. En la nueva ley de Bases solo se incluyen cuatro áreas por las que se solicitan, por un año y sin posibilidad de prórroga, facultades delegadas al Congreso: administrativa, económica, financiera y energética.
Ante la reticencia de un sector de los bloques dialoguistas de acompañar la cesión de poderes especiales al presidente Javier Milei, en las diferentes reuniones en la Casa Rosada, los legisladores le pidieron al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se detallen las acciones concretas para cada una de estas delegaciones.
Por eso, el Poder Ejecutivo excluyó de sus atribuciones administrativas la posibilidad de intervenir, eliminar o modificar las competencias de las universidades nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Respecto de la posibilidad de la administración libertaria de avanzar sobre los fondos fiduciarios, se sumó, a pedido de los bloques dialoguistas, la obligación de mantener la asignación específica de la finalidad del mismo. “Deberá garantizar a los beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución, respetando, en su caso, las correspondientes asignaciones específicas”, se detalla.
Privatizaciones
De las más de 40 empresas estatales que se pretendían vender en el texto original de la ley ómnibus, en la nueva versión solo se listan diez como sujetas a privatización o concesión: Aerolíneas Argentinas; Enarsa; Radio y Televisión S.A.; Intercargo; Aysa, Correo Oficial; Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (Sofse); y Corredores Viales.
En tanto, Nucleoeléctrica Argentina; Banco Nación; Nación Seguros; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; Nación Servicios; Nación Bursátil; Pellegrini S.A.; y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) solo podrán ser convertidas a sociedades mixtas. Muchas de estas empresas están hoy en el ojo público dado que son parte de la investigación que recae sobre el expresidente Alberto Fernández para determinar si direccionó la contratación de seguros del Estado para su beneficio personal.
Asimismo, YCRT fue parte de la fuerte discusión entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y la Casa Rosada. El mandatario provincial reclamó al Gobierno la continuidad de la empresa que opera en cuencas de su provincia y que aporta alrededor de dos mil puestos de trabajo en la zona. “No vamos a negociar si hay privatizaciones y despidos”, dictaminó Vidal.
Para transparentar el proceso de privatizaciones, se definió la intervención tanto de la Auditoría General de la Nación (AGN) como de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Empleo Público
En el marco del ajuste del gasto, el Gobierno define en la nueva ley ómnibus que los empleados de planta permanente de aquellos organismos que se suprimieron o reestructuraron quedarán “en situación de disponibilidad” por un máximo de 12 meses. Durante ese tiempo, deberán “recibir la capacitación que se les imparta” o “desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado”. Cumplido el plazo de gracia sin haber sido formalizado en un nuevo rol, el empleado quedará definitivamente desvinculado de la administración pública.
Para aquellos trabajadores que reúnan los requisitos para jubilarse, el Poder Ejecutivo pretende eliminar la posibilidad de autorizar una prórroga de un año para iniciar los trámites de retiro.
Se incorpora, además, la posibilidad de descontar del sueldo el tiempo no trabajado por asistir a manifestaciones. Sin embargo, se determina que el ejercicio del derecho a huelga “no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa”.
Desregulación económica
La facultad del Ejecutivo de intervenir en el mercado es uno de los puntos más sensibles de la nueva “le Bases”. Se trata del artículo 70 (antes 71) que ante el cuestionamiento de la oposición dialoguista, el Gobierno buscó acotar las competencias que pretendía arrogarse. Sin embargo, el detalle de la flamante iniciativa define que puede eliminar o modificar normas que, según su criterio, generen distorsiones en los precios, escasez o monopolios artificales donde podría haber competencia.
Si bien se exceptúa al Ejecutivo de realizar cualquier modificación o derogación de las regulaciones en materia de salud, previsional y laboral, y se define que deberá “justificar los extremos”, en la UCR y Hacemos Coalición Federal consideran que todavía es “una facultad muy amplia”.
Grandes inversiones
El gobierno impulsa un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por el que capitales nacionales y extranjeros podrán adherir a una serie de beneficios tributarios y aduaneros. El monto mínimo de inversión, definido en el texto, para ingresar en este régimen será de al menos 200 millones de dólares.
Moratoria previsional
La nueva “ley Bases” busca derogar la moratoria previsional sancionada durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández por la que se define un plan de pago para aquellas personas que quieran acceder a las prestaciones jubilatorias y no reunan los aportes suficientes.
Se trata de uno de los diez puntos del Pacto de Mayo, donde el Gobierno definió que se discutirá “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”.
Blanqueo
En el paquete fiscal se incluyó el Régimen de Regularización de Activos, es decir un blanqueo de capitales. Según se detalla en el nuevo texto, podría comenzar a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025. A pedido de la oposición, el Gobierno accedió a incorporar en el texto de la nueva norma que los no residentes no puedan blanquear efectivo.
Hacemos Coalición Federal solicitó que se exceptúe de este beneficio a quienes estén condenados o procesados como testaferros.
Sobre este capítulo, el titular del Palacio de Hacienda informó que se prevé una alícuota cero para montos superiores a los US$100.000, con una condición. “En tanto y en cuanto lo entres en el sistema financiero argentino y no lo retires hasta el 31 de diciembre de 2025, o lo destines a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el Poder Ejecutivo”, precisó.
Impuesto a las ganancias
La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias prevé un mínimo no imponible de remuneración bruta de $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. La actualización de Ganancias será anual, por IPC y se excluyó el cobro retroactivo del gravámen, suprimido en septiembre pasado.
A pesar de la sugerencia de Pro de definir exenciones a este tributo, no está contemplado en el nuevo paquete fiscal los incrementos salariales por el cobro del aguinaldo; por el cómputo de horas extras u horas ordinarias por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana; para determinados suplementos correspondientes al personal militar y para guardias obligatorias y horas extras realizadas por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud.
El voto santafesino
Según lo que pudo recoger este medio, los tres diputados santafesinos de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Rocío Bonacci, confían en que la iniciativa, más acotada que la que terminó naufragando en febrero pasado, podrá abrirse camino en función del consenso con la mayoría de los bloques e, incluso, los gobernadores.
El PRO, con seis diputados que representan a la provincia (Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, José Núñez, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Luciano Laspina), luce dispuesto a acompañar a LLA más allá de que la sociedad política no fluye tal cual lo planificado meses atrás.
Del lado de la Unión Cívica radical (UCR), que tiene dos diputados por Santa Fe, Mario Barletta y Melina Giorgi, parece haber sintonía compartida con el oficialismo.
En Unión por la Patria (UP), los seis diputados que representan a la provincia, Gernán Martínez (jefe de la bancada), Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Magalí Mastaler, Diego Giuliano y Roberto Mirabella, se perfilan para una nueva votación en contra.
Por su parte, los dos diputados socialistas que integran Hacemos Coalición Federal (HCF), Mónica Fein y Esteban Paulón, se encaminan hacia la renovación de su rechazo al proyecto oficialista.
11 de 19 representantes santafesinos en la Camara Baja del Congreso de la Nación acomparían la iniciativa del Gobierno de Javier Milei. Desde las entrañas del Ejecutivo Nacional, comenzaron a sacar cuentas del peso politico en la toma de decisiones parlamentaria del Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y en eso la cuenta que sacan es que el radicalismo cuenta con solo dos votos.
