La diputada provincial cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno santafesino para modificar el Código Procesal Penal, advirtió que contiene aspectos “inconstitucionales” y aseguró que responde más a una estrategia política que a una necesidad del sistema judicial. También opinó sobre la Ley de Cuidacoches, la futura reforma electoral y el presente del peronismo santafesino.
La diputada provincial Lucila De Ponti dejó definiciones contundentes durante su paso por el programa Democráticamente, conducido por Juan Francisco en AGOFA TV. En una extensa entrevista, la legisladora del Partido Justicialista se mostró especialmente crítica de la reforma del Código Procesal Penal promovida por el gobernador Maximiliano Pullaro, al considerar que varias de sus disposiciones vulneran garantías constitucionales y buscan reinstalar una agenda de “mano dura” más vinculada a la construcción política que a la solución de los problemas de seguridad.
“No estamos discutiendo garantismo sí o no; estamos discutiendo Constitución sí o no”, sostuvo De Ponti, quien aseguró que el proyecto “viola el derecho a la defensa” y otorga atribuciones excesivas a las fuerzas de seguridad sin el debido control judicial.
Según explicó, el Código Procesal Penal debe proteger especialmente a las personas inocentes durante una investigación y garantizar un debido proceso. “Cuando el oficialismo dice que defendemos delincuentes, está tergiversando el debate. Lo que defendemos son las herramientas para evitar injusticias y preservar garantías constitucionales”, remarcó.
“Es una reforma para volver a instalar la agenda de mano dura”
Para la diputada, el proyecto impulsado por Pullaro no responde a una necesidad concreta del sistema penal sino a una decisión política de recuperar centralidad pública a través del discurso sobre la seguridad.
“El gobernador necesitaba volver a instalar ese tema en la agenda pública y mandó una ley para generar polémica. Muchas de las modificaciones son absurdas e inconstitucionales y ni siquiera sus propios legisladores se las van a bancar”, afirmó.
Entre los puntos que más cuestionó mencionó la posibilidad de ampliar las facultades policiales sin control judicial efectivo y la habilitación de mecanismos que, según su interpretación, podrían derivar en restricciones desproporcionadas de derechos individuales en determinados territorios.
Incluso advirtió que algunas herramientas previstas permitirían controles excepcionales sobre la circulación de personas y detenciones por averiguación de antecedentes, situaciones que consideró incompatibles con el marco constitucional vigente.
Críticas a la Ley de Cuidacoches
Otro de los proyectos sobre los que De Ponti manifestó fuertes reparos fue la denominada Ley de Cuidacoches.
La legisladora sostuvo que el problema de fondo no puede resolverse únicamente mediante sanciones o prohibiciones y cuestionó que desde algunos sectores políticos se busque responder con herramientas punitivas a una problemática social.
A su criterio, las conductas violentas o extorsivas ya pueden ser perseguidas mediante la legislación vigente, mientras que prohibir en forma general la actividad implica desconocer que muchas personas encuentran allí una forma de subsistencia ante la falta de oportunidades laborales.
También reveló que, durante el debate legislativo, incluso integrantes del propio oficialismo y funcionarios provinciales plantearon dificultades para aplicar el texto originalmente aprobado en el Senado, lo que obligó a introducir modificaciones en la Cámara de Diputados.
Reforma electoral: pide consensos y cuestiona decisiones unilaterales
De Ponti también se refirió a la inminente discusión sobre la reforma electoral que deberá adecuar la legislación santafesina a la nueva Constitución provincial.
Confirmó que el proyecto presentado por senadores peronistas no fue debatido previamente dentro del Partido Justicialista y sostuvo que hubiera preferido una discusión partidaria antes de avanzar con una propuesta formal.
En cuanto al contenido, defendió la continuidad de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), consideró que deben mantenerse mecanismos que favorezcan la participación ciudadana y advirtió que cualquier modificación debería surgir de amplios consensos políticos.
“Unidos cometería un grave error si avanza unilateralmente en la sanción de la nueva ley electoral”, afirmó.
Asimismo, respaldó la eliminación de la cláusula de mayoría automática en Diputados incorporada en la reforma constitucional y planteó que el nuevo régimen debe garantizar tanto la representación de las minorías como la gobernabilidad.
Un PJ que busca reorganizarse
Consultada sobre la situación interna del peronismo santafesino, De Ponti sostuvo que actualmente existe una mejor articulación entre los distintos sectores parlamentarios y aseguró que se trabaja para construir posiciones comunes de cara a los próximos desafíos políticos.
Reconoció que durante los últimos años hubo diferencias importantes, especialmente en torno a la reforma constitucional y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo, pero afirmó que el objetivo ahora es fortalecer al justicialismo como alternativa competitiva para 2027.
En ese sentido, también planteó la necesidad de impulsar una renovación generacional dentro del espacio. “Hay una generación muy pujante de jóvenes peronistas que tiene que asumir mayores responsabilidades. Nosotros también tenemos que corrernos un poco para dar lugar a esos nuevos liderazgos”, expresó.
Las declaraciones de De Ponti dejaron en evidencia una postura marcadamente crítica frente a varias de las principales reformas promovidas por la gestión de Pullaro y anticipan que tanto la reforma penal como la discusión electoral seguirán siendo dos de los ejes centrales de confrontación política en la Legislatura santafesina durante los próximos meses.
