La participación del titular del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano, como convencional constituyente por el oficialismo, generó fuertes cuestionamientos por una aparente incompatibilidad con su rol institucional. La polémica se suma a otros casos similares que involucran a altos dirigentes del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, como el propio gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico, ambos en ejercicio simultáneo de cargos ejecutivos y constituyentes.
El caso Galdeano expone una tensión cada vez más visible entre los mandatos gremiales y la proyección político-partidaria. El abogado rosarino fue elegido por sus colegas para encabezar el Colegio bajo principios de independencia, neutralidad política y defensa profesional. Sin embargo, desde inicios de 2025 comenzó a participar activamente en el armado electoral del oficialismo para integrar la Convención Constituyente que discute la reforma de la Carta Magna santafesina.
Pese a asumir formalmente como convencional, Galdeano no pidió licencia en su cargo institucional ni informó públicamente su nueva función. Esta doble representación encendió alertas dentro del ámbito jurídico, ya que el estatuto del Colegio y el Código de Ética Profesional establecen límites claros respecto a la participación política partidaria, según indican desde abogadosrosario.com
Una conducta que choca con el estatuto y el Código de Ética
El Código de Ética de la abogacía es taxativo: un profesional no debe ejercer funciones que comprometan su independencia o impliquen una utilización política de su cargo. La participación de Galdeano en la Convención –donde representa a una fuerza política que impulsa reformas de alto impacto institucional– es vista por muchos colegas como una transgresión a esos principios.
Además, esta situación no fue ni consultada ni debatida con los matriculados. No hubo comunicación oficial del Colegio, ni convocatorias extraordinarias, ni resolución de Directorio que avale su rol político en paralelo a la presidencia gremial.
Crisis institucional y déficit económico en el Colegio
Los cuestionamientos éticos se suman a un estado crítico de gestión en la entidad que preside Galdeano. Según balances internos, el Colegio registra un déficit superior a los 300 millones de pesos. A ello se suman decisiones controversiales como el cierre del Jardín Familiar institucional, la falta de debate sobre los pliegos presentados al Consejo de la Magistratura y la firma de acuerdos laborales millonarios sin difusión de fundamentos ni detalles técnicos.
La falta de transparencia y la concentración de decisiones alimentan la percepción de un Colegio conducido más como herramienta política que como entidad gremial al servicio de los profesionales.
El Colegio, sin voz ante el poder político
Desde diversos sectores señalan que la independencia gremial se encuentra “neutralizada” por la pertenencia política de su presidente. Esto se traduce en una inacción pública frente a debates sensibles sobre el sistema judicial, la situación previsional de los abogados o los cambios en la reforma constitucional. El Colegio, advierten, ha quedado funcional al gobierno provincial, perdiendo su rol histórico como actor institucional relevante.
La situación se vuelve aún más crítica si se considera que Galdeano, además de sus funciones en el Colegio y la Convención, figura como asesor de planta en la Cámara de Diputados. Este triple rol, sin licencias registradas, plantea interrogantes sobre la compatibilidad de tiempos, recursos y dedicación.
Un modelo que se extiende en el oficialismo
El caso de Galdeano no es aislado. El propio gobernador Pullaro forma parte de la Convención Constituyente sin haberse apartado de su función ejecutiva, lo que significa que durante los días de deliberación constitucional, Santa Fe queda sin su máxima autoridad en funciones. Del mismo modo, Lisandro Enrico ejerce como ministro, senador suplido y convencional constituyente, acumulando tres funciones públicas en simultáneo.
Estas prácticas, aunque formalmente no prohibidas, generan un fuerte debate sobre los límites éticos y la calidad institucional del proceso reformador.
¿Una advertencia para los Colegios profesionales?
La falta de distinción entre rol gremial y rol político no solo debilita la representatividad del Colegio ante la ciudadanía, sino que alimenta el proyecto nacional que propone eliminar la colegiación obligatoria y sustituirla por un registro público estatal.
En ese contexto, las conductas partidizadas de algunas conducciones gremiales podrían terminar siendo funcionales a un modelo que vacía de contenido la organización profesional y desfinancia sus estructuras históricas.
Recuperar legitimidad: un desafío urgente
La abogacía santafesina atraviesa un momento decisivo. El descrédito institucional, la subordinación política y la falta de transparencia interna amenazan con deslegitimar una institución que debería ser garantía de ética, autonomía y defensa profesional.
En tiempos donde se debate la Constitución, el rol del Colegio no puede reducirse a acompañar silenciosamente los intereses de un gobierno. El desafío es recuperar su voz, su independencia y su función: representar a quienes lo sostienen con su aporte diario, no a quienes gobiernan con su poder político.
