En medio del dolor y la conmoción social por el crimen del remisero Juan Carlos Martínez, el intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, lanzó un fuerte reclamo al Gobierno de Santa Fe para que no abandone a la ciudad del norte provincial y deje de aplicar criterios discriminatorios respecto de otras localidades de similar tamaño, como Rafaela, que cuentan con gobiernos alineados con el oficialismo provincial.
«Es momento de dejar de hacer diferencias políticas. Reconquista necesita respuestas urgentes. No podemos seguir con esta desigualdad en recursos humanos, en presencia policial ni en fiscales. Rafaela, con una población similar a la nuestra, tiene 22 fiscales; Reconquista, apenas cinco. Uno de ellos está con carpeta médica. ¿Cómo puede funcionar la Justicia de esta manera?», expresó Vallejos con tono firme y visiblemente molesto.
El intendente encabezó este lunes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Local, donde participaron funcionarios municipales, referentes institucionales y vecinos preocupados por el recrudecimiento de la violencia. Allí se acordó formalizar un pedido al Ejecutivo santafesino para avanzar en tres medidas clave: más fiscales, mayor presencia policial y la declaración de la emergencia judicial para la 4° circunscripción.
«El Ministerio de Justicia nos dijo que nombrarán siete fiscales en el corto plazo. Es un avance, pero todavía estamos muy por debajo de lo que necesitamos. Hay más de 140 mil causas acumuladas en fiscalía. De esas, si se reforzara el equipo, al menos entre un 10 y un 15% podrían resolverse rápidamente. El resto, lamentablemente, no tienen solución o están para archivar», amplió el secretario de Control Público, Nicolás Sandrigo.
Pero el reclamo de Vallejos no se detuvo en la Justicia. También fue tajante respecto al estado de situación de las fuerzas de seguridad en la ciudad: «Tenemos dos comisarías, una subcomisaría en el puerto, un destacamento en La Loma y nada más. Cerraron destacamentos, y de los últimos 210 egresados de la Escuela de Policía, ninguno fue destinado a Reconquista . Todos fueron a Rosario. Hoy, tenemos un policía cada 300 habitantes , mientras que en el departamento Vera hay uno cada 145. Esto es inaceptable.»
La escalada verbal del intendente se produjo luego de las polémicas declaraciones del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia , quien el lunes a la tarde, en declaraciones a Radio HOY, lanzó duras críticas hacia el propio Vallejos por su postura frente al crimen que sacudió a la ciudad.
«Nos molesta mucho que se haya hecho oportunismo político, que se haya pretendido echarle la culpa a la Policía, cuando fue quien detuvo muchísimas veces al asesino. Lo que ha hecho el intendente de Reconquista y algunos actores vinculados es muy reprochable», sentenció Bastia, añadiendo que Vallejos «debería empezar por casa, dar el ejemplo y revisar a quién tiene de colaboradores».
Lejos de calmar los ánimos, las palabras del ministro encendieron aún más la bronca ciudadana . En distintos medios y redes sociales, vecinos y referentes sociales expresaron su repudio a lo que consideran una «falta de sensibilidad» del Gobierno provincial. Algunos incluso llamaron abiertamente a no votar a ningún candidato vinculado al gobernador Pullaro en próximas elecciones, alimentando un clima de tensión política creciente en el norte santafesino.
La gravedad de la situación también quedó reflejada en la decisión del Gobierno provincial de presentar un pedido formal de jurado de enjuiciamiento contra el juez Mauricio Martelossi , quien semanas atrás liberó a Joaquín Carrizo —acusado de asesinar al remisero Martínez— a pesar de su frondoso prontuario delictivo.
En su denuncia, el Ejecutivo provincial —a través de Bastia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni— calificó de “ligera e irresponsable” la decisión del magistrado, argumentando que Carrizo tenía 13 causas penales previas y estaba acusado de un asalto a mano armada ocurrido en agosto de 2024. A pesar de esto, Martelossi le otorgó la libertad en marzo de 2025, desoyendo las órdenes de prisión preventiva de la Fiscalía.
Pero para Vallejos, más allá de la actuación individual del juez, hay una responsabilidad política estructural : «Si el Estado llega tarde o no llega, si la prevención falla y si la Justicia está desbordada, lo que estamos viendo no es casual. Es resultado de una falta de presencia del Gobierno provincial en Reconquista. No podemos permitir más esta desigualdad», afirmó.
En la próxima semana, el Consejo de Seguridad volverá a reunirse con foco en otra deuda pendiente del Estado: la salud mental y la contención de menores en situación de vulnerabilidad. Según información del municipio, actualmente no hay psiquiatras disponibles para atender a jóvenes con problemas, y no existen mecanismos de derivación efectiva cuando las escuelas detectan señales de alarma.
«Si no atendemos esto desde la raíz, el sistema seguirá fallando. Y cuando el Estado falla, el que paga es el vecino común», concluyó Sandrigo.
El mensaje de Vallejos fue claro: Reconquista está en emergencia, y no puede esperar más.
