La diputada provincial Amalia Granata y el abogado Eugenio Malaponte presentaron una acción formal ante el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe solicitando que se declare la inhabilidad constitucional de la ciudadana Alejandra “Locomotora” Oliveras, recientemente proclamada como Convencional Constituyente electa por el Frente de la Esperanza.
El fundamento jurídico central de la denuncia se basa en el incumplimiento del requisito de residencia previsto por la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que exige un mínimo de dos años de residencia inmediata anterior al acto eleccionario para acceder a cargos electivos provinciales. Según los denunciantes, Oliveras no cumple con esta condición, ya que:
- No es nacida en la provincia de Santa Fe (es oriunda de Jujuy).
- Residía en la provincia de Córdoba hasta febrero de 2025, momento en que habría gestionado el cambio de domicilio a Santa Fe.
Granata y Malaponte sostienen que existe prueba suficiente de esta situación, apoyándose en informes periodísticos y registros públicos que, afirman, demostrarían que la residencia real y efectiva de Oliveras estaba en Córdoba hasta apenas unos meses antes de la elección.
En términos jurídicos, el planteo apunta a que, de confirmarse esta falta de residencia, se estaría frente a una causal objetiva de inhabilidad constitucional, lo que tornaría nula la proclamación de la candidata, conforme al principio de legalidad y al cumplimiento estricto de los requisitos de elegibilidad establecidos por la normativa provincial.
“Solicitamos que se declare la inhabilidad constitucional de Alejandra Oliveras. No tiene los dos años inmediatos de residencia en la provincia que exige nuestra Constitución”, explicó Malaponte en sus redes sociales. “El respeto por las condiciones de elegibilidad no es optativo ni negociable: es un límite legal a la voluntad política”, agregó.
Asimismo, la denuncia hace referencia al origen político de la candidatura, que —según los firmantes— fue impulsada por el sector que responde al actual gobernador Maximiliano Pullaro. Desde este ángulo, denuncian una instrumentalización política del proceso constituyente, señalando que se intenta forzar la inclusión de figuras afines, aun si no cumplen con los requisitos constitucionales, con el objetivo de asegurar mayorías internas en el marco del debate sobre una eventual reforma de la Carta Magna provincial.
Granata fue enfática al señalar: “En el día de la fecha acompañé la presentación ante el Tribunal Electoral. Entendemos que la proclamación de Oliveras no puede ser convalidada jurídicamente, ya que se encuentra viciada de nulidad al incumplir con un requisito esencial de elegibilidad”.
“El gobierno hace lo que quiere, pasando por encima de las leyes, todo para mantener y aumentar sus privilegios de casta”, advirtió Malaponte, reflejando el malestar opositor ante lo que consideran una estrategia política orquestada para manipular la integración de la Convención Constituyente que deberá revisar la Carta Magna provincial.
El caso ha quedado ahora en manos del Tribunal Electoral, que deberá evaluar los antecedentes, revisar la documentación probatoria y determinar si efectivamente existe una violación constitucional. De confirmarse, esto podría marcar un precedente clave en la aplicación de los requisitos de residencia en cargos electivos y en la protección de los principios republicanos y federales consagrados en el orden jurídico provincial.
