La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Santa Fe aclare la situación de los radares instalados en rutas nacionales, luego de que un relevamiento de Vialidad Nacional detectara más de un centenar de cinemómetros que funcionarían sin las autorizaciones exigidas por la normativa vigente. La legisladora advirtió que, de confirmarse esas irregularidades, podrían declararse nulas miles de fotomultas y abrirse una discusión millonaria sobre la devolución del dinero recaudado. En paralelo, repasamos dónde están ubicados los radares en la provincia, cómo funciona el sistema de fiscalización y cuáles son las rutas con mayor cantidad de controles.
Mientras miles de automovilistas atraviesan diariamente las rutas santafesinas convencidos de que los controles de velocidad buscan prevenir accidentes, una fuerte polémica comenzó a instalarse sobre el verdadero funcionamiento del sistema de radares.
La discusión se abrió luego de que un relevamiento de Vialidad Nacional advirtiera que más de cien cinemómetros ubicados sobre corredores nacionales no contarían con todas las autorizaciones requeridas por la legislación vigente.
La situación motivó una inmediata reacción política.
La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un pedido de informes para que el Gobierno santafesino explique en detalle cómo funciona el sistema de fiscalización y si efectivamente existen radares que estén labrando infracciones sin reunir todos los requisitos legales.
«No podemos permitir que se les meta la mano en el bolsillo a los santafesinos»
Para Malfesi, la discusión excede la cuestión técnica.
La legisladora sostuvo que, si se comprueba que algunos equipos funcionaban sin la habilitación correspondiente, el problema deja de ser exclusivamente administrativo para transformarse en un serio conflicto institucional y económico.
«Cuando el control se ejerce al margen de la ley y de las competencias correspondientes, pierde por completo su función preventiva y se transforma en una mera herramienta para extraer recursos de los conductores», sostuvo.
En esa línea, advirtió que muchos santafesinos podrían estar pagando multas emitidas por dispositivos cuya situación jurídica todavía genera dudas.
Por ese motivo, reclamó que el Poder Ejecutivo informe con precisión qué radares cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y cuáles poseen además el permiso correspondiente de Vialidad Nacional para funcionar sobre rutas nacionales.
La preocupación de la diputada también apunta a otro aspecto.
Si finalmente la Justicia o los organismos nacionales determinaran que algunos equipos funcionaban de manera irregular, podrían abrirse miles de reclamos administrativos e incluso acciones judiciales para solicitar la devolución del dinero abonado por las infracciones.
Qué información exige el pedido de informes
El proyecto presentado en la Cámara de Diputados solicita que el Gobierno provincial detalle:
- La cantidad exacta de radares fijos y móviles instalados sobre rutas nacionales.
- La ubicación precisa de cada uno de ellos.
- Cuáles cuentan con autorización técnica de la ANSV y permiso de Vialidad Nacional.
- Cuánto dinero recaudaron la Provincia y los municipios adheridos durante los últimos dos años mediante los dispositivos cuestionados.
- Qué criterio adoptará el Ejecutivo respecto de las multas emitidas si se confirma que alguno de esos radares funcionaba sin habilitación.
- Si existe un mecanismo previsto para devolver el dinero cobrado a los conductores en caso de declararse la nulidad de las infracciones.
Un antecedente que puede cambiar el escenario
Uno de los principales fundamentos del proyecto se apoya en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En esa resolución, el máximo tribunal rechazó la pretensión del municipio de Darwin, en Río Negro, de rehabilitar radares que habían sido dados de baja por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La Corte ratificó que las jurisdicciones locales no pueden ejercer controles sobre rutas nacionales sin cumplir previamente con todas las autorizaciones federales correspondientes.
Para Malfesi, ese antecedente podría tener consecuencias directas también sobre Santa Fe.
«La seguridad jurídica de los ciudadanos no puede quedar atrapada en medio de disputas políticas», sostuvo la legisladora.
Cómo verificar si una multa puede ser cuestionada
La propia diputada aclaró que no todas las infracciones quedarían automáticamente invalidadas. Cada caso deberá analizarse individualmente.
El elemento clave será verificar el número identificatorio del radar que figura en el acta de infracción.
Ese código puede compararse con el listado oficial de radares homologados publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Si el dispositivo utilizado para confeccionar la multa no posee las habilitaciones exigidas por la normativa, podrían abrirse distintas instancias administrativas y judiciales.
Santa Fe tiene 135 radares fijos
Mientras se desarrolla la polémica jurídica, la provincia mantiene uno de los sistemas de fiscalización más amplios del país.
Actualmente existen 135 radares fijos, de los cuales 87 están ubicados sobre rutas nacionales y 48 sobre rutas provinciales.
Es decir, casi dos de cada tres dispositivos funcionan sobre corredores nacionales.
Según la Agencia Provincial de Seguridad Vial, todos fueron instalados en puntos considerados de alto riesgo vial con el objetivo de reducir la cantidad de siniestros.
El organismo sostiene que la presencia de los radares disminuye considerablemente el exceso de velocidad y que su finalidad principal es preventiva.
Las rutas con mayor cantidad de controles
El mapa de fiscalización muestra una fuerte concentración sobre algunos de los corredores más transitados de Santa Fe.
El ranking está encabezado por:
- Ruta Nacional 11: 27 radares.
- Ruta Nacional 9: 15 radares.
- Ruta Nacional 34: 13 radares.
- Ruta Nacional 33: 12 radares.
- Ruta Nacional 8: 7 radares.
- Ruta Provincial 18: 6 radares.
- Ruta Provincial 90: 5 radares.
- Ruta Provincial 1: 5 radares.
También existen controles en la Circunvalación de Rosario, la Autopista A012, la Ruta Nacional 168 y numerosas rutas provinciales distribuidas en distintos departamentos.
Dónde está cada radar
Entre las principales localidades alcanzadas por los controles de velocidad aparecen:
Ruta Nacional 11: Villa Ocampo, Reconquista, Calchaquí, Granadero Baigorria, Sauce Viejo, Desvío Arijón, Circunvalación Oeste de Santa Fe, San Justo, Coronda, Llambí Campbell y Videla.
Ruta Nacional 9: Cañada de Gómez, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá, Correa y Armstrong.
Ruta Nacional 34: Totoras, San Genaro, Luis Palacios, Lucio V. López, San Vicente, Las Bandurrias, Casas, San Martín de las Escobas y Rafaela.
Ruta Nacional 33: Zavalla, Pujato, Firmat, Sancti Spíritu, Amenábar, Venado Tuerto y Paraje La Rabiola.
Además existen radares en Venado Tuerto, Hughes, Wheelwright, Ricardone, Colastiné, Esperanza, San Cristóbal, El Trébol, Bella Italia, Firmat, Reconquista, Las Parejas, María Teresa, Felicia, Elisa, Coronda, San Genaro, Progreso, Totoras y numerosas localidades más distribuidas en toda la red vial provincial.
¿Prevención o recaudación?
Ese es precisamente el debate que ahora busca instalar la oposición.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial insisten en que los radares disminuyen los excesos de velocidad y permiten reducir los siniestros.
Según el organismo, en varios puntos donde fueron instalados los dispositivos el porcentaje de vehículos que circulaban por encima de la velocidad permitida cayó entre 30 y 35 puntos.
Sin embargo, Malfesi sostiene que ningún objetivo preventivo puede justificar el funcionamiento de equipos que eventualmente no respeten el marco legal.
«Queremos saber si detrás de las multas existe realmente un sistema transparente o si terminó convirtiéndose en un mecanismo de recaudación», planteó.
La discusión recién comienza. Pero si el pedido de informes confirma que parte de los radares operaban sin las autorizaciones correspondientes, Santa Fe podría enfrentarse a una controversia con impacto político, económico y judicial que involucraría a miles de conductores y millones de pesos recaudados mediante fotomultas.
