El presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez habló sobre el caso judicial que involucra a su padre y a su pareja, quienes quedaron en prisión preventiva por cuatro meses en una investigación por presunta estafa y administración fraudulenta contra una mujer de 83 años. Ramírez defendió su inocencia, aseguró que la familia aportó documentación para controvertir la acusación y manifestó su confianza en que la Justicia esclarecerá los hechos. Al mismo tiempo, sostuvo —como interpretación personal— que alrededor del caso existe una “operación política” vinculada con su crecimiento dentro del peronismo de Villa Gobernador Gálvez. También habló del impacto familiar, de los respaldos que recibió y de la situación de la ciudad.
Nicolás Ramírez llegó al estudio de Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, atravesando probablemente uno de los momentos más difíciles desde que comenzó su carrera política.
Esta vez, la entrevista no comenzó por un proyecto presentado en el Concejo, una discusión con el Ejecutivo municipal o el armado del peronismo de Villa Gobernador Gálvez. Comenzó por su familia.
Su padre, Walter Ramírez, de 53 años, y Marilina Díaz, de 48, fueron imputados en una causa que investiga una presunta defraudación contra una mujer de 83 años. El juez Federico Rebola dispuso cuatro meses de prisión preventiva efectiva después de la audiencia en la que la fiscal Cecilia Brindisi les atribuyó los delitos de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta, en varios hechos y en calidad de coautores.
La acusación sostiene que los imputados habrían aprovechado una relación de confianza con la mujer para intervenir en la administración de sus ingresos y bienes. Entre otros elementos, Fiscalía expuso operaciones bancarias, préstamos y transferencias cuyo destino investiga. La defensa controvierte esa reconstrucción y sostiene que existe documentación que justificaría gastos realizados en beneficio de la mujer.
Hay un dato central para separar desde el comienzo: Nicolás Ramírez no está imputado en esa causa. Y fue justamente desde esa doble condición —hijo de uno de los acusados y dirigente político mencionado públicamente a partir del parentesco— desde donde decidió hablar.
“Creo en la Justicia”
Ramírez no escondió que su posición está atravesada por una cuestión personal. “Estoy cargado de subjetividad, obviamente, porque es una cuestión familiar”, reconoció apenas comenzó a explicar el caso.
Pero también apeló a su formación como abogado para sostener que, desde su lectura de los elementos reunidos por la defensa, está convencido de la inocencia de sus padres.
El concejal aseguró que su familia mantiene desde hace años una relación cercana con la mujer que aparece como víctima en la investigación. Según su versión, sus padres comenzaron a intervenir en la administración de determinadas cuestiones personales después de que ella atravesara dificultades para desenvolverse sola y posteriormente otorgara un poder general.
Ramírez afirmó que la defensa cuenta con documentación sobre el pago del geriátrico, medicamentos, indumentaria y otros gastos. También sostuvo que existen audios y comprobantes que, según su interpretación, permiten explicar movimientos económicos que forman parte de la acusación. Es la versión de la defensa y deberá ser confrontada judicialmente con las pruebas reunidas por Fiscalía.
El dirigente evitó, sin embargo, desconocer la autoridad del proceso judicial. “Yo creo en la Justicia”, repitió durante la entrevista. Y agregó que está convencido de cuál será el desenlace porque, según afirmó, ya fueron aportados elementos para “contradecir uno y cada uno de los argumentos” de la acusación.
La posición de Ramírez quedó sintetizada hacia el final de la conversación: defenderá a sus padres porque cree en ellos, pero al mismo tiempo pretende que permanezcan sometidos al proceso judicial y que sea la Justicia la que determine finalmente qué ocurrió. “Yo tengo fe que va a ser justicia, que la Justicia va a dirimir todos estos elementos”, afirmó.
Qué investiga la Fiscalía y qué responde Ramírez
La investigación presenta una versión sustancialmente diferente.
Según la acusación fiscal difundida después de la audiencia, los imputados habrían abusado de la relación de confianza con la mujer para controlar distintos aspectos de su vida cotidiana y patrimonial. Fiscalía atribuyó maniobras relacionadas con tarjetas bancarias, préstamos, transferencias, un automóvil Renault Sandero, pertenencias personales y un poder firmado por la mujer.
Entre los movimientos investigados aparecen créditos por un total de aproximadamente $5,4 millones y transferencias a terceras personas. La Fiscalía sostiene que parte de esos fondos no habría sido destinada a las necesidades de la mujer. Esa es una hipótesis acusatoria que todavía debe ser probada en el proceso y sobre la cual la defensa planteó una interpretación diferente.
Ramírez rechazó durante la entrevista algunas de las versiones que circularon inicialmente respecto de la existencia de campos, propiedades y grandes sumas de dinero. También explicó que, según la reconstrucción familiar, los gastos realizados con los ingresos de la mujer estaban destinados principalmente a sostener su alojamiento y atención. “Nosotros aportamos la evidencia”, sostuvo, antes de mencionar facturas del geriátrico, tickets de medicamentos y otros comprobantes.
La discusión sobre esos elementos no está cerrada. Precisamente para eso existe el proceso penal. La prisión preventiva tampoco constituye una condena. Es una medida cautelar dictada mientras continúa la investigación. En este caso, el juez Rebola dispuso un plazo de cuatro meses, menor al solicitado originalmente por la Fiscalía según relató Ramírez y consignaron las crónicas judiciales.
“Me toca creer en la Justicia”
A pesar de sus fuertes cuestionamientos a la actuación fiscal, Ramírez intentó marcar un límite cuando se le preguntó directamente por la fiscal Cecilia Brindisi.
El concejal afirmó que no la conocía previamente y evitó atribuirle públicamente una motivación específica. “Me toca creer en la Justicia, porque si no, no hubiese elegido esta carrera, no hubiese elegido la profesión”, señaló. Y añadió: “Me toca creer que esto es un gran malentendido y que con todos los elementos aportados por nosotros, y que vamos a seguir aportando, esto se va a aclarar”.
Es probablemente una de las distinciones más importantes de su discurso. Ramírez cuestiona la acusación, considera excesiva la prisión preventiva y cree que sus padres son inocentes, pero formalmente deposita en el mismo Poder Judicial la resolución del conflicto.
La hipótesis política de Ramírez
La otra dimensión de la entrevista fue política.
Ramírez sostiene que la exposición pública que tuvo el caso no puede separarse de su crecimiento político en Villa Gobernador Gálvez. “Yo creo que hay un sesgo político”, afirmó, y cuestionó lo que definió como una “cacería mediática” alrededor de la situación de sus padres.
El contexto político explica por qué Ramírez considera que el episodio puede tener consecuencias sobre su carrera. El dirigente viene trabajando en la reorganización del peronismo de Villa Gobernador Gálvez y recientemente inauguró un espacio político que reunió a diferentes sectores justicialistas. Durante la entrevista afirmó haber conseguido confluir a “90 o 95%” del peronismo local alrededor de una concepción común de ciudad, aunque aclaró que todavía no existe una definición electoral.
También expresó su convicción de que el justicialismo está en condiciones de recuperar el municipio. Esa afirmación constituye una valoración y expectativa política del propio Ramírez, no una proyección electoral verificable. Desde ese escenario interpreta el momento en que apareció públicamente la causa.
“A mí me quieren”
La definición más fuerte llegó cuando se le preguntó si había pensado en renunciar.
Ramírez reconoció que durante el fin de semana atravesó altibajos y llegó a contemplar diferentes alternativas. Es concejal, abogado y dirigente político, pero también hijo. Y esa condición atravesó prácticamente toda la entrevista.
“Yo entendí el mensaje, sé lo que quieren”, afirmó. Cuando le preguntaron qué creía que buscaban, respondió: “A mí me quieren”.
Nuevamente, se trata de su interpretación personal. Ramírez no presentó elementos que permitan establecer que la causa contra sus padres haya sido impulsada para provocar su renuncia o perjudicar su carrera política.
De hecho, inmediatamente después hizo una distinción jurídica relevante: recordó el principio de responsabilidad penal individual y sostuvo que sus padres deberán responder por su situación procesal con sus abogados, mientras él continuará ocupándose de su vida personal y política. “Yo voy a seguir trabajando de la misma manera”, aseguró.
La culpa que siente como hijo
Uno de los momentos más personales de la entrevista apareció cuando Ramírez habló de cómo la política modificó la vida de su familia. El concejal reconoció sentir cierta culpa.
Según relató, antes de su participación política llevaban “una vida totalmente normal”, mientras que posteriormente comenzaron a atravesar amenazas, episodios de exposición pública y situaciones que obligaron incluso a disponer custodia en su domicilio. “Yo sé que desvirtué con mi actividad la tranquilidad de mi familia. Eso yo lo tengo en claro”, reconoció.
Contó además que llegó a flaquear después de la detención de sus padres, pero fueron ellos quienes lo alentaron a continuar. Según relató, sus padres le transmitieron que siguiera adelante, que mantuviera la calma y que confiaban en su forma de actuar. Esa conversación, aseguró, terminó dándole fuerzas para continuar con su actividad pública.
Los apoyos y los silencios dentro del peronismo
Ramírez también habló sobre las reacciones políticas que recibió.
Agradeció especialmente a su equipo y a los dirigentes que se comunicaron con él para ofrecer apoyo personal, político y jurídico. No quiso individualizarlos públicamente. Sí dejó en claro que hubo ausencias que le molestaron. “Faltaron algunos”, señaló. Y posteriormente cuestionó con dureza a sectores del peronismo que, desde su perspectiva, no estuvieron presentes durante este momento.
El dirigente aseguró que el enojo no era exclusivamente suyo, sino también de integrantes de su espacio. Particularmente apuntó —sin identificarlos— a dirigentes con aspiraciones provinciales que, según su mirada, suelen considerar importante a Villa Gobernador Gálvez pero no se comunicaron durante estos días.
En cambio, destacó el respaldo de su equipo político. Ramírez contó que se reunió con sus compañeros, les agradeció públicamente haberlo defendido y volvió a ponerse a disposición del espacio. Según su relato, la respuesta que recibió fue unánime: “Estamos con vos, vamos para adelante”.
Villa Gobernador Gálvez después de 12 años
Superado el tramo personal y judicial, la entrevista avanzó hacia la situación política de Villa Gobernador Gálvez.
Ramírez realizó un balance fuertemente crítico de la gestión del intendente Alberto Ricci. “Perdimos 12 años”, afirmó.
Según su diagnóstico, la ciudad continúa sin resolver problemas estructurales relacionados con infraestructura, energía, regularización dominial y estado de las calles. También sostuvo que una proporción importante de la ciudad permanece por fuera de determinados registros tributarios como consecuencia, entre otros factores, de asentamientos sin regularización dominial.
Son afirmaciones políticas del presidente del Concejo y deben leerse como parte de su evaluación opositora de la administración municipal. Ramírez reconoció, al mismo tiempo, un condicionante que excede al gobierno local.
Señaló que la caída de la actividad económica repercutió sobre la recaudación municipal, tanto a través del DREI como de los recursos coparticipables, y admitió que esa situación afecta actualmente a distintos municipios. “No tiro bombas solamente hacia el gobierno local. Las cosas que se hacen bien las reconozco, las cosas que se hacen mal las digo”, sostuvo.
Una ciudad que no puede pensarse sin Rosario
Otro de los puntos políticos destacados fue su mirada metropolitana.
Ramírez consideró positivo que la nueva Constitución santafesina haya incorporado la cuestión de las áreas metropolitanas y planteó que Villa Gobernador Gálvez no puede planificar sus políticas públicas como una ciudad aislada de Rosario, Alvear, Piñero y otras localidades de la región. El ejemplo más evidente fue el transporte.
Miles de personas se desplazan diariamente entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez por razones laborales, educativas, comerciales o personales. Para Ramírez, pensar esas problemáticas exclusivamente dentro de los límites administrativos de cada municipio impide comprenderlas integralmente. “Somos ciudades que nos retroalimentamos”, resumió.
Su propuesta es dotar de contenido concreto a la idea de área metropolitana y generar políticas coordinadas entre los municipios para resolver problemas compartidos.
“Hoy soy hijo, soy concejal”
Pero inevitablemente la entrevista terminó donde había comenzado. En su familia.
Ramírez volvió a diferenciar su responsabilidad pública de la situación judicial de sus padres. No desconoce el expediente ni pretende que su condición política los coloque por encima de la investigación. Por el contrario, sostuvo que deben permanecer sujetos al proceso y presentar allí los elementos que consideran favorables a su defensa.
Pero también dejó claro que personalmente cree en su inocencia. “Hoy soy hijo, soy concejal y soy sostén hoy en día también de lo que quedó de mi familia”, expresó. Y agregó: “Voy a defender a mis padres porque sé lo que son”.
Su posición puede resumirse entonces en dos afirmaciones que deberán convivir mientras avance el expediente: Ramírez confía en la inocencia de sus padres y, al mismo tiempo, afirma confiar en que será la Justicia la encargada de determinarla.
La causa recién comienza y la acusación fiscal deberá ser confrontada con las pruebas y argumentos de la defensa. La prisión preventiva vigente no equivale a una declaración de culpabilidad. En paralelo continuará la discusión política.
Ramírez interpreta que la exposición del caso busca dañarlo, pero hasta ahora no existe evidencia pública que permita establecer una operación política detrás de la investigación. Lo comprobable es que él no está imputado y que decidió no abandonar su actividad. “Voy a seguir trabajando de la misma manera por el mandato que me dio la gente”, aseguró.
Entre la causa que atraviesa a su familia, una interna peronista que comienza a moverse y una Villa Gobernador Gálvez que ya empieza a mirar hacia su próximo recambio municipal, Nicolás Ramírez decidió hacer algo que hasta ahora había quedado parcialmente pendiente: contar su versión.
El resto, como él mismo repitió durante la entrevista, deberá resolverlo la Justicia.
