Por Mg. Gonzalo Macco *
Recientemente, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el poder ejecutivo buscará crear una fiscalía especializada en materia de delitos de corrupción de funcionarios públicos. «El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, envió al procurador General Eduardo Casal, el proyecto para la creación de una fiscalía especial que se encargará de investigar la corrupción de funcionarios públicos», sostuvo el vocero presidencial.
Muchos especialistas y profesionales aportaron que la iniciativa del Gobierno es innecesaria; en la actualidad ya existe un organismo con competencias para investigar delitos de corrupción dentro de la función pública y se trata de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), derivada de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, creada a partir de la Ley 24.946 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, como venimos sosteniendo desde larga data, la preocupación de nuestros gobernantes tendría que ser como prevenir la corrupción, a los fines de no tener que juzgarla.
El jurista español Joaquín Bosch, sostiene que la corrupción que llega a los juzgados es solo la punta del iceberg. Es por ello que resulta fundamental la prevención. Para ello, los especialistas consideran que profesionalizar a los directivos de las administraciones, es una buena herramienta de prevención, pero a su vez es una anomalía institucional muy presente en las administraciones actuales. Quienes ocupen cargos directivos en las administraciones, deben ser imparciales, y gozar de autonomía en su actuación; solo de ese modo lograremos configurar los equilibrios necesarios para prevenir la corrupción.
Víctor Lapuente y Carl Dahlström sostienen que «la contratación meritocratica en el sector público es un disuasor de la corrupción estadísticamente significativo». De hecho, el análisis histórico efectuado por estos autores sobre los Estados europeos más avanzados demuestra que la introducción de criterios meritocráticos a finales del siglo XIX en el acceso a la Administración fue previo al descenso de la corrupción en sus instituciones durante el siglo XX. Funcionó como una causa-efecto muy eficiente.
Sin embargo, no es necesario irnos al viejo continente para hablar de estos temas. El principal ejemplo en Latinoamérica es nuestro país vecino Chile: con la creación del sistema de Alta Dirección Pública se desarrolló un régimen claramente distinto e independiente del que rige al resto de funcionarios públicos. Con el nuevo régimen, el presidente de la república, puede eximir de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos hasta doce cargos de jefes superiores de servicio que se encuentren afectos al sistema de alta dirección pública, siempre que se cumplan con los requisitos legales y perfiles para desempeñarlos (recordemos que el perfil tiene que ser aprobado por el consejo de ADP). Es necesario aclarar que estos avances no surgieron de la voluntad unilateral de una de las partes: se trató de una ley que surge por un acuerdo político del ejecutivo con la oposición, para lograr una salida a la crisis político-institucional que culminó en los “Acuerdos políticos -legislativos para la modernización del Estado, la transparencia y la promoción del crecimiento”.
La crisis institucional que atraviesa Argentina no es nueva; sin embargo, la salida de la misma puede ser sumamente innovadora solamente analizando qué pasó en los países de nuestro continente.
Gonzalo Macco *
Presidente del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario
