Por Claudia E. Balagué *
El pasado sábado 30 de mayo nos enteramos de la peor noticia: Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estaba siendo buscada en la ciudad de Córdoba, apareció muerta. Su familia la buscaba desde el sábado anterior; tras una semana desaparecida se confirmó el peor de los escenarios: su femicidio.
Mucho se ha hablado de ella, de su madre y de su entorno, pero poco se habla del femicida, Claudio Barrelier. O, mejor dicho, se habla de él, pero haciendo énfasis en que era la expareja de Melisa, la madre de la víctima.
Días después, ocurrieron dos femicidios más: Noelia en Temperley y Dulce en Eldorado, Misiones.
Como era de esperarse, los medios de comunicación más amarillistas —que se arrancan los ojos entre sí por obtener la primicia— no tardaron en hacer juicios de valor sobre la madre de Agostina y el vínculo que había tenido con el asesino. Por supuesto, también abundaron las apreciaciones sobre la cantidad de perfiles que Agostina tenía en redes sociales o sobre si era una adolescente “sexualmente activa”.
Esta fijación morbosa no es casual: la prensa prefiere escrutar la intimidad de las víctimas antes que desarmar el perfil del agresor, transformando una problemática estructural en un espectáculo de consumo masivo donde la conducta de la mujer siempre es puesta bajo sospecha.
Esto recuerda al caso de Nahir Galarza —o, desde una mirada centrada en la víctima del homicidio, al caso de Fernando Pastorizzo— donde queda en evidencia que la mirada que juzga, estigmatiza y revictimiza se posa siempre sobre el cuerpo de las mujeres.
Es necesario aclarar que no se trata de equiparar un femicidio con un homicidio penal, sino de observar cómo opera el tribunal de la moral mediática. En ambos escenarios, el foco se desplaza del delito hacia la evaluación de la «condición femenina»: las mujeres somos objeto de valoración y juicio, nos encontremos en la posición que nos encontremos y hagamos lo que hagamos.
Si somos víctimas, se nos juzga por no habernos cuidado lo suficiente; si somos victimarias, se nos castiga con un plus de saña por haber roto el mandato de pasividad que la sociedad nos asigna.
Desde el crimen ocurrido en 2017, los medios construyeron de manera exhaustiva la imagen de Nahir. A través de la mediatización de la causa y la difusión de pericias psiquiátricas y videos personales, la prensa intentó demonizarla y catalogarla como una “psicópata manipuladora bajo una apariencia angelical».
En programas televisivos, diversos analistas desacreditaron su discurso y la forzaron a hablar de temas íntimos, instalando la idea de que su delito respondía a una obsesión.
En contraste, se construyó una identidad glorificada de Fernando Pastorizzo, describiéndolo como un «pibe bueno», hincha de Boca y amiguero, mientras se ponían en duda sistemáticamente las denuncias de Nahir sobre la violencia psicológica y emocional que sufría por parte de él.
A pesar de haber recibido la pena máxima por parte de la justicia, la sociedad continuó juzgando a Nahir no solo por el asesinato, sino por su estética, su vestimenta y su forma de hablar.
Esta constante fiscalización sobre su conducta —que se repite con cada una de las mujeres involucradas en casos de violencia de género— evidencia una doble vara: resulta utópico pensar que una sociedad que estigmatiza y condena mediáticamente con tanta ferocidad a una mujer, actúe con la misma rigurosidad frente a los femicidas que matan mujeres todos los días en nuestro país.
A Nahir la condenaron a cadena perpetua sin dudarlo. ¿En qué mundo viviríamos si por cada varón violento denunciado por una mujer en cualquier comisaría, a lo largo y ancho de nuestro país, la justicia se expidiera con la misma celeridad?
¿Acaso decir que el Estado es responsable es solo un eslogan? Claro que no.
Detrás de cada femicidio hay una denuncia que no fue tomada o un varón violento que, con suerte tras alguna intervención mínima de la justicia en un caso anterior, recibió algún que otro llamado de atención y fue puesto en libertad, como ocurrió con Barrelier, el femicida de Agostina.
Detrás de cada femicidio hay un Estado ausente y cómplice, tal como lo señala María Florencia Alcaráz en una nota titulada No la buscaron, publicada en el portal web de la revista Anfibia: “Después de la forma de violencia machista más extrema, viene la violencia institucional a duplicar los daños”.
Podríamos decir que la violencia por parte del Estado no solo duplica los daños frente al proceso que inaugura un femicidio —por la ausencia de protocolos para el correcto tratamiento mediático e institucional del caso por parte de periodistas, fiscales, policías y funcionarios— sino que además allana el camino para que los femicidios sean cometidos.
¿Cómo? No tomando las denuncias o minimizando situaciones de violencia que comienzan, por ejemplo, con hostigamientos y terminan en asesinatos.
Rita Segato lo explica muy claramente: la violencia machista es basal, lo que significa que es estructural y que tiene uno de sus ejes en la llamada corporación masculina; es decir, en el pacto entre varones.
Este pacto, alimentado por lo que la autora define como el «mandato de masculinidad», exige ejercer una pedagogía de la crueldad sobre los cuerpos femeninos para demostrar poder y estatus ante los pares.
Cuando las instituciones policiales y judiciales minimizan el peligro o desoyen las denuncias, no hacen más que replicar esa misma lógica corporativa y protectora entre varones, perpetuando la impunidad.
El Estado, entonces, no opera como un ente neutral, sino como el garante último de esa cofradía.
Desarmar esa estructura requiere, necesariamente, romper con la complicidad de ese silencio institucional.
Sin embargo, esa gran corporación institucional no es una abstracción ajena; se alimenta y se sostiene en el micro pacto de todos los días. Se nutre de la complicidad silenciosa en los espacios cotidianos, del chiste que se deja pasar, de la validación entre pares que perpetúa el mandato de masculinidad y de la ceguera voluntaria ante las alertas de violencia de un amigo o un conocido.
Los varones suelen decir “no todos los hombres”, pero al final del día siempre es un hombre el que abusa, viola o mata a una mujer y ya van 105 femicidios en 2026.
Esta misma lógica corporativa se traslada hoy a los pasillos del Congreso, donde ciertos sectores políticos intentan instalar agendas regresivas promoviendo proyectos de ley sobre «falsas denuncias».
Lejos de proteger a las infancias —como argumentan dichos sectores— estas iniciativas parlamentarias operan como una herramienta de disciplinamiento y amedrentamiento hacia las mujeres, buscando silenciar las voces de quienes se atreven a romper el pacto y denunciar.
El silencio del policía que no toma la denuncia en la comisaría, la complicidad de quienes legislan de espaldas a la emergencia social o la saña del panelista de televisión que juzga la ropa de una mujer, nacen en el mismo lugar: en la necesidad de encajar en una cofradía que exige someter para pertenecer.
Por eso, desarmar el engranaje estatal nos obliga a intervenir primero el territorio de lo inmediato.
Será entonces tarea de las mujeres continuar con esta lucha, conversar con los varones que nos rodean e incomodarlos el tiempo que sea necesario, hasta que no falte ni una.
Aunque eso también sea incómodo para nosotras.
A persistir, mujeres. Nos tenemos.
Claudia E. Balagué*
Diputada Provincial por el Frente Amplio por la Soberanía
