La diputada provincial presentó un pedido de informes para conocer cómo se implementan los sistemas Lince, BriefCam y la Plataforma de Evidencia Digital, desarrollados sobre la modernización del 911 realizada durante la gestión de Omar Perotti. La iniciativa busca determinar si cuentan con los recursos necesarios y cuál es su impacto real en la lucha contra el delito.
La seguridad se convirtió en uno de los principales ejes discursivos y de gestión del gobierno de Maximiliano Pullaro. Sin embargo, en las últimas horas la diputada provincial Celia Arena presentó un pedido de informes que pone el foco sobre un aspecto menos visible de esa política: el funcionamiento, la inversión y los resultados concretos de tres herramientas tecnológicas que hoy forman parte de la estrategia provincial para combatir el delito.
Se trata de los sistemas Lince, BriefCam y la Plataforma de Evidencia Digital, tecnologías incorporadas sobre la base de la modernización y ampliación del Sistema de Emergencias 911 desarrollada entre 2019 y 2023 durante la administración de Omar Perotti. Según planteó Arena, resulta necesario conocer si esas herramientas cuentan con el financiamiento adecuado y si están siendo utilizadas de manera eficiente para fortalecer las investigaciones criminales y la prevención del delito.
La legisladora sostiene que la innovación tecnológica puede convertirse en un activo fundamental para mejorar la seguridad pública, pero advierte que su eficacia depende de contar con recursos para sostener licencias, mantenimiento, capacitación de personal y actualización permanente. En ese sentido, remarcó que el rol del Poder Legislativo también implica controlar y evaluar el funcionamiento de estas políticas públicas.
Un pedido para conocer inversiones y resultados
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que informe cuánto dinero se invirtió desde el 10 de diciembre de 2023 en adquisición, licenciamiento, implementación, soporte técnico, mantenimiento y capacitación vinculados a estas plataformas. También requiere detalles sobre el grado de implementación alcanzado, los organismos que las utilizan y la cantidad de usuarios habilitados para operarlas.
Además, Arena pide conocer cuántos agentes, operadores, analistas e investigadores fueron capacitados para utilizar estos sistemas, así como la cantidad de cursos realizados y los mecanismos de certificación implementados. El objetivo es determinar si las herramientas cuentan con el respaldo operativo necesario para cumplir la función para la que fueron incorporadas.
Otro de los puntos centrales del requerimiento apunta a medir los resultados obtenidos desde su puesta en funcionamiento. Entre otros aspectos, se solicita información sobre alertas generadas, búsquedas efectuadas, vehículos detectados, investigaciones asistidas, evidencia digital incorporada y causas judiciales en las que estas tecnologías hayan sido utilizadas para contribuir al esclarecimiento de delitos.
La discusión sobre el presupuesto detrás de la tecnología
El planteo abre una discusión más amplia sobre la asignación de recursos en materia de seguridad. Si bien el Gobierno provincial exhibe la incorporación de tecnología como una de las banderas de su gestión, desde sectores de la oposición advierten que disponer de herramientas sofisticadas no garantiza por sí solo mejores resultados si no existen partidas suficientes para sostenerlas y personal capacitado para operarlas.
En ese contexto, Arena sostiene que es imprescindible contar con datos objetivos sobre el impacto de estas inversiones y conocer si efectivamente están fortaleciendo la prevención, la investigación criminal y el esclarecimiento de hechos delictivos, o si existen limitaciones presupuestarias que afectan su rendimiento.
Modernización tecnológica bajo análisis
En los fundamentos del proyecto, la diputada recuerda que la infraestructura que permitió incorporar estas herramientas fue desarrollada a partir del fortalecimiento del Sistema de Emergencias 911 durante la gestión anterior, incluyendo la ampliación de la cobertura, la actualización del equipamiento y el incremento de la capacidad de procesamiento de datos. Sobre esa base tecnológica, la actual administración avanzó con sistemas de análisis criminal y gestión de evidencia digital que representan una inversión significativa de recursos públicos.
Por eso, el pedido de informes busca establecer no solo cuánto se gastó, sino también cuál es el nivel de utilización efectiva de esas plataformas, qué resultados concretos están generando y si existen auditorías o indicadores que permitan evaluar su desempeño.
En definitiva, la iniciativa de Celia Arena intenta despejar una incógnita que atraviesa el debate sobre la seguridad en Santa Fe: si las herramientas tecnológicas disponibles están siendo aprovechadas en todo su potencial o si la falta de recursos para sostenerlas termina limitando una inversión que podría resultar clave para mejorar la respuesta del Estado frente al delito.
