Mientras el Gobierno de Santa Fe impulsa cambios en el Código Procesal Penal para ampliar las facultades operativas de la Policía, entre otras cosas, la detención de nueve efectivos acusados de prender fuego a un hombre durante un procedimiento volvió a poner en discusión los límites de la actuación policial y alimentó las críticas contra la iniciativa.
La reforma procesal penal promovida por el gobierno de Maximiliano Pullaro atraviesa uno de sus momentos más delicados. En paralelo a la discusión legislativa sobre un proyecto que busca otorgar mayores herramientas operativas a las fuerzas de seguridad, entre otras cosas, la Justicia ordenó la detención de nueve policías rosarinos acusados de haber incendiado a un hombre durante un procedimiento realizado en mayo de 2024.
El episodio no solo conmocionó por la gravedad de las acusaciones, sino que además reabrió un debate que ya venía generando resistencia entre penalistas, organismos de derechos humanos y algunos sectores políticos: hasta dónde puede ampliarse el margen de actuación policial sin afectar garantías constitucionales.
La investigación judicial sostiene que la víctima sufrió graves quemaduras y permaneció internada durante meses. Según su declaración, prestada por escrito debido a las secuelas que el incendio dejó en sus cuerdas vocales, uno de los efectivos lo habría rociado con alcohol etílico y posteriormente lo habría prendido fuego con un encendedor. Esa versión llevó al fiscal de la causa a apartarse de la hipótesis inicial asentada en el procedimiento policial y avanzar con las detenciones de nueve agentes.
Un debate que gana tensión
El caso llegó en un momento especialmente sensible para el oficialismo provincial, que impulsa una reforma procesal con modificaciones que han despertado fuertes cuestionamientos en el ámbito jurídico.
Entre los puntos más discutidos aparecen la posibilidad de ampliar la participación policial en la obtención de declaraciones durante las etapas iniciales de una investigación y la flexibilización de determinados criterios vinculados a allanamientos y admisibilidad de pruebas obtenidas en contextos excepcionales.
Para los defensores de la iniciativa, estos cambios buscan agilizar investigaciones y dotar de mayores herramientas a quienes combaten el delito. Sin embargo, especialistas en derecho penal advierten que podrían debilitar garantías fundamentales y ampliar excesivamente el margen de discrecionalidad de las fuerzas de seguridad.
Un caso que fortalece las críticas
La detención de los nueve efectivos terminó alimentando esos cuestionamientos. Distintos sectores sostienen que un episodio de presunta violencia institucional de semejante gravedad pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre el accionar policial antes que ampliar sus facultades operativas.
En ese contexto, organizaciones de derechos humanos encuentran nuevos argumentos para rechazar algunos artículos del proyecto, especialmente aquellos que otorgan mayor protagonismo a la Policía durante instancias sensibles de una investigación penal.
Resistencia incluso dentro del oficialismo
Las dudas sobre la reforma no provienen únicamente de la oposición o del ámbito académico. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes legislativas, dentro del propio oficialismo existen dirigentes que mantienen serias diferencias con el texto impulsado por el Ejecutivo.
Un referente de Unidos para Cambiar Santa Fe, que pidió reserva de identidad, aseguró en off the record que ya solicitó internamente retirar la iniciativa al considerar que “está totalmente fuera de la realidad y, además, mal redactada”.
Esa postura se suma a versiones que circulan en distintos ámbitos políticos y que sostienen que algunos de los artículos vinculados con una mayor disponibilidad de criterios policiales durante los operativos habrían sido parte de negociaciones posteriores a la crisis que atravesó la fuerza en febrero. Hasta el momento, esa hipótesis no fue negada oficialmente por el Gobierno.
Un escenario cada vez más complejo
La coincidencia temporal entre el avance de la reforma y la causa judicial contra los nueve policías amenaza con modificar el clima político alrededor del proyecto.
Lo que para el Ejecutivo representa una herramienta destinada a fortalecer la lucha contra el delito, para sus críticos puede transformarse en una ampliación riesgosa de facultades en un contexto donde continúan apareciendo denuncias por presuntos abusos cometidos por integrantes de las propias fuerzas de seguridad.
Así, la discusión sobre la reforma penal dejó de ser exclusivamente técnica y pasó a estar atravesada por un caso concreto que volvió a instalar una pregunta incómoda en el centro del debate santafesino: si corresponde otorgar mayores márgenes de actuación a la Policía cuando todavía persisten investigaciones por graves hechos de violencia institucional.
