La confrontación entre el Gobierno provincial y distintos sectores institucionales ya no se limita a una discusión política. La renovación anticipada de la Corte Suprema, las críticas públicas a magistrados, el avance legislativo para investigar decisiones judiciales, los cuestionamientos a periodistas, los conflictos con trabajadores estatales y la creciente tensión con la oposición alimentan un interrogante cada vez más presente: ¿atraviesa Santa Fe uno de los momentos institucionales más delicados desde el regreso de la democracia?
La política santafesina parece haber ingresado en una etapa donde el conflicto dejó de ser una excepción para convertirse en una forma de gobierno.
Durante los últimos meses, la administración de Maximiliano Pullaro acumuló enfrentamientos con prácticamente todos los sectores que, por distintas razones, cuestionaron decisiones del Poder Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia, jueces de distintas instancias, trabajadores estatales, gremios, dirigentes opositores, periodistas e incluso organismos judiciales comenzaron a formar parte de una misma lógica de confrontación que preocupa a distintos actores políticos e institucionales.
Para algunos se trata de un gobierno decidido a impulsar reformas profundas sin detenerse frente a las resistencias.
Para otros, en cambio, comienza a configurarse un escenario donde el equilibrio entre los poderes del Estado aparece cada vez más debilitado.
La inédita disputa por la Corte Suprema
Uno de los episodios que mayor impacto institucional generó fue el proceso de renovación del máximo tribunal provincial.
La reforma constitucional estableció un límite etario para los ministros de la Corte. Sin embargo, el proceso político adoptado abrió un escenario inédito.
Mientras algunos integrantes del máximo tribunal continúan formalmente en funciones, la Legislatura ya aprobó los pliegos de quienes serán sus reemplazantes.
La convivencia entre jueces que aún no abandonaron sus cargos y magistrados ya designados para sucederlos constituye una situación sin antecedentes recientes en Santa Fe.
A ello se sumaron versiones sobre presiones políticas para acelerar determinadas salidas y declaraciones públicas que profundizaron el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
El debate dejó de girar únicamente alrededor de la modernización de la Justicia para trasladarse hacia una cuestión mucho más sensible: la independencia del Poder Judicial.
Del debate jurídico a la confrontación política
La tensión volvió a escalar con el fallo de la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena, quien declaró nulo un allanamiento realizado sin orden judicial luego de un seguimiento efectuado mediante el sistema de videovigilancia Lince.
La resolución no anuló la investigación ni dejó sin efecto las imputaciones. Cuestionó exclusivamente el procedimiento utilizado por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue inmediata.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, criticó públicamente a la magistrada, la acusó de sostener posiciones «garantistas» y utilizó expresiones que rápidamente generaron un fuerte rechazo dentro del propio ámbito judicial.
El Colegio de Magistrados de la Segunda Circunscripción advirtió que esas manifestaciones excedían ampliamente el derecho a cuestionar una sentencia y resultaban incompatibles con el respeto institucional que merece uno de los poderes del Estado.
En la misma línea, el ministro de la Corte Suprema Jorge Baclini recordó que las diferencias con las resoluciones judiciales deben canalizarse mediante los recursos previstos por la ley y no a través de descalificaciones públicas.
La ofensiva continuó en la Legislatura
Pero el conflicto no terminó con las declaraciones. Durante la última sesión legislativa ingresó un proyecto para investigar el procedimiento judicial que dio origen al fallo.
Aunque formalmente apunta a analizar la actuación de la magistrada, distintos sectores advierten que podría convertirse en el punto de partida de un eventual proceso disciplinario o incluso de un jury.
Para numerosos actores del ámbito jurídico, el mensaje institucional resulta delicado.
Cuando una decisión jurisdiccional comienza a ser respondida mediante iniciativas políticas orientadas a investigar al juez que la dictó, inevitablemente se instala un debate sobre la independencia con la que los magistrados pueden ejercer sus funciones.
Una lógica que se repite
Lo ocurrido con la Justicia no aparece como un hecho aislado.
Durante los últimos meses también crecieron los enfrentamientos con los trabajadores estatales por las paritarias, con los gremios docentes por el presentismo y el nuevo sistema de control de licencias médicas, con periodistas que realizaron publicaciones críticas y con distintos dirigentes opositores que cuestionan las reformas impulsadas por el oficialismo.
En todos los casos, desde la oposición comienza a repetirse una misma lectura.
Que el Gobierno provincial responde cada vez con mayor dureza frente a cualquier cuestionamiento y que la lógica del consenso fue reemplazada por una dinámica permanente de confrontación.
¿Modernización o concentración de poder?
El oficialismo sostiene que las reformas responden a una necesidad histórica de modernizar el Estado, mejorar la seguridad, agilizar la Justicia y transformar instituciones que durante décadas permanecieron inmóviles.
Sus defensores destacan la legitimidad electoral del Gobierno y las mayorías parlamentarias obtenidas democráticamente.
Sin embargo, quienes observan con preocupación el escenario institucional plantean otra discusión.
Recuerdan que la fortaleza política de un gobierno no elimina la necesidad de respetar los límites que impone la división de poderes.
Justamente, sostienen, las instituciones existen para evitar que una mayoría circunstancial pueda avanzar sin contrapesos sobre los demás poderes del Estado.
La democracia también se juega en las formas
La discusión ya no parece limitarse a una reforma judicial, un fallo o una declaración. Lo que comienza a instalarse es un debate mucho más profundo sobre la calidad institucional de Santa Fe. Las democracias no se debilitan únicamente cuando se desconocen las elecciones.
También pueden erosionarse cuando el respeto entre poderes comienza a deteriorarse, cuando los organismos de control son vistos como obstáculos y cuando las diferencias institucionales dejan de resolverse por los canales previstos por la Constitución.
En ese contexto, numerosos dirigentes políticos, magistrados, abogados y sectores de la sociedad civil advierten que preservar el Estado de Derecho exige mucho más que contar con mayorías legislativas.
Exige aceptar que la independencia judicial, la libertad de prensa, el derecho de la oposición a controlar y la protesta de los trabajadores forman parte del funcionamiento normal de una democracia.
Porque, en definitiva, la discusión que hoy atraviesa Santa Fe ya no parece ser únicamente jurídica o política.
La pregunta de fondo es otra: si la provincia logrará sostener el delicado equilibrio entre eficacia gubernamental y respeto irrestricto por las instituciones republicanas o si la creciente tensión entre los poderes terminará trasladándose, inevitablemente, al escenario donde toda democracia rinde examen: las urnas.
