La Policía de Santa Fe volvió a quedar atravesada por un malestar que se repite en diferentes puntos de la provincia y que tiene varias capas. Por un lado, aparecen denuncias internas por presuntos privilegios, diferencias en el otorgamiento de adicionales y criterios poco transparentes para determinar quién cobra determinados suplementos. Por otro, debajo de esas disputas vuelve a aparecer un problema que atraviesa prácticamente todas las conversaciones entre los trabajadores de seguridad: salarios que obligan a depender cada vez más de adicionales, horas extraordinarias, tarjetas y créditos para llegar a fin de mes.
Como si ese escenario no fuera suficiente, durante los últimos días apareció un nuevo motivo de preocupación. Un cambio denunciado en las fechas de vencimiento de tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe podría provocar que trabajadores estatales y jubilados tengan que afrontar el pago antes de haber percibido sus haberes.
Hasta ahora no existe una explicación pública que permita determinar con precisión el origen y alcance de esa modificación. Y justamente por eso resulta necesario separar aquello que está denunciado de lo que efectivamente puede darse por comprobado. Pero el problema existe.
Porque cuando se juntan salarios deteriorados, endeudamiento familiar, disputas por adicionales y una eventual descoordinación entre el calendario de cobro provincial y los vencimientos bancarios, el resultado vuelve a colocar a los trabajadores en el mismo lugar: haciendo cuentas para intentar llegar al próximo sueldo.
Los adicionales y una pelea que empieza a repetirse
Una de las últimas denuncias conocidas tiene como escenario la Unidad Regional I.
Allí comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre la manera en que se distribuyen determinados plus, suplementos y adicionales funcionales. El planteo de fondo no debería reducirse a quién recibe un beneficio particular. La discusión realmente importante es por qué dos policías que realizan tareas similares pueden terminar percibiendo remuneraciones diferentes y cuáles son los criterios objetivos utilizados para justificar esa diferencia.
Las denuncias internas hablan de agentes que cumplirían funciones equivalentes o asumirían responsabilidades similares, pero no recibirían los mismos adicionales.
Es importante hacer una precisión. Hablar de discriminación en términos jurídicos exige acreditar condiciones específicas. Lo que sí puede plantearse, a partir de los testimonios internos, es la existencia de una percepción de trato desigual que necesita respuestas institucionales. Y esa diferencia es fundamental para no convertir una denuncia laboral en una condena anticipada.
Un caso particular que vuelve a abrir una discusión general
Dentro de los cuestionamientos aparece el caso de una inspectora de la UR I, identificada originalmente por sus iniciales.
Según las fuentes citadas en la denuncia, percibiría un suplemento correspondiente a una determinada responsabilidad dentro de Investigación Policial, aunque compañeros cuestionan que desarrolle regularmente las tareas que justificarían ese concepto.
Incluso se sostiene que existirían planillas en las que inicialmente no aparecería como beneficiaria y que su incorporación se produciría posteriormente en una instancia superior. Son afirmaciones que deberían ser verificadas por las autoridades correspondientes.
Pero justamente allí aparece una oportunidad para que el Ministerio de Justicia y Seguridad termine con las sospechas. Si los adicionales están correctamente otorgados, deberían poder conocerse los criterios generales mediante los cuales se distribuyen. Qué función habilita un suplemento. Qué requisitos debe cumplir un agente. Quién certifica esa tarea. Durante cuánto tiempo corresponde cobrarlo. Y qué procedimiento tiene disponible un policía que considera estar realizando exactamente la misma función sin recibir idéntica remuneración.
Cuando un plus deja de ser un plus
Todo adquiere otra dimensión cuando se incorpora la cuestión salarial.
En un escenario donde muchos integrantes de las fuerzas de seguridad necesitan adicionales, horas extraordinarias o servicios especiales para complementar sus ingresos, unos pocos pesos de diferencia dejan de representar una discusión administrativa.
Son parte del salario real con el que una familia vive. Por eso la falta de reglas percibidas como claras genera tanta bronca. El adicional puede terminar interpretándose como un premio y su ausencia como un castigo. Y dentro de una institución fuertemente vertical como la Policía, semejante percepción puede tener consecuencias mucho más profundas que las estrictamente económicas: deteriora la confianza entre subordinados y superiores y alimenta la idea de que determinadas relaciones internas pesan más que las tareas efectivamente realizadas.
La discusión, entonces, no debería ser entre policías. El problema no es que un trabajador cobre un adicional que le corresponde. El interrogante es por qué otro que desarrolla la misma tarea eventualmente no lo cobra.
Salarios bajos que terminan enfrentando trabajadores
Allí aparece una cuestión que la gestión de Maximiliano Pullaro tampoco debería ignorar.
Cuando el salario básico pierde capacidad para satisfacer las necesidades familiares y una porción importante del ingreso depende de adicionales, horas extras o funciones especiales, aumenta inevitablemente la competencia interna por acceder a esos recursos.
El riesgo es terminar convirtiendo un problema salarial en una pelea entre trabajadores. Un policía mira cuánto cobra otro. Otro cuestiona quién consiguió determinado adicional. Se discuten destinos, funciones, horas y suplementos.
Pero por debajo de esas discusiones continúa existiendo una pregunta mucho más elemental: ¿por qué un trabajador de seguridad necesita acumular tantos conceptos extraordinarios para conseguir un ingreso suficiente?
Un fin de semana con otra preocupación
Mientras esas discusiones recorrían dependencias policiales, apareció otro frente. Esta vez relacionado con el Nuevo Banco de Santa Fe, agente financiero de la Provincia.
El planteo conocido durante los últimos días advierte sobre modificaciones en las fechas de cierre y vencimiento de determinadas tarjetas de crédito.
Según la información que maneja este medio, el nuevo esquema establecería un cierre cercano al día 20 y un vencimiento alrededor del día 4 del mes siguiente. El inconveniente aparece al comparar esa fecha con el cronograma salarial provincial.
En el último esquema citado, policías, penitenciarios y determinados jubilados cobraron el día 3; otra franja de activos, el 4; el resto, el 5; jubilados con mayores haberes, el 6; y autoridades superiores, el 7. Es decir: para algunos trabajadores la tarjeta podría vencer antes de que cobren el salario con el cual pretenden pagarla.
Unos días pueden significar muchísimo
Para una persona con ahorros disponibles, mover un vencimiento algunos días puede representar apenas una incomodidad. Para una familia que espera que ingrese el sueldo para cancelar la tarjeta, la historia es completamente diferente.
Puede representar entrar en mora. Pagar intereses. Refinanciar. O utilizar nuevamente crédito para cancelar crédito anterior. Y esa situación debe analizarse dentro del contexto económico actual.
Para muchas familias estatales la tarjeta dejó hace tiempo de utilizarse exclusivamente para comprar un electrodoméstico o financiar un consumo extraordinario. Se compra comida con tarjeta. Se refinancian resúmenes. Se toman préstamos para cancelar compromisos anteriores y se realizan adicionales para cubrir cuotas. Por eso unos pocos días pueden importar tanto.
Lo que todavía falta explicar
Aquí también corresponde actuar con responsabilidad.
Hasta el momento, según la información aportada, no existe una comunicación oficial del banco que permita establecer que las modificaciones denunciadas hayan tenido como finalidad generar mora o incrementar el cobro de intereses.
Afirmar una intencionalidad semejante sin documentación sería ir más allá de los hechos disponibles. Pero la ausencia de una explicación no elimina el interrogante. Al contrario. Lo vuelve más urgente.
El banco debería informar qué productos fueron alcanzados, desde cuándo, cuáles son exactamente las nuevas fechas, qué alternativas tienen los clientes y qué ocurre cuando el vencimiento se produce antes de la acreditación del salario provincial.
No se trata de cualquier banco
Existe además una particularidad que hace imposible considerar el problema como una simple discusión entre una entidad privada y sus clientes.
El Nuevo Banco de Santa Fe es el agente financiero de la Provincia y administra la acreditación de los salarios de los empleados públicos provinciales. La relación contractual vigente se extiende, según la documentación citada, hasta noviembre de 2029. Por eso también corresponde una respuesta del Gobierno.
No significa que la Casa Gris determine unilateralmente las condiciones comerciales de una tarjeta de crédito. Pero difícilmente pueda considerarse ajena a una situación que eventualmente afecta a miles de trabajadores cuyos salarios deposita precisamente mediante su agente financiero.
Si el banco conoce el calendario salarial provincial y administra esos haberes, parece razonable preguntarse por qué los vencimientos no deberían contemplar esa realidad.
¿Por qué los estatales no pueden elegir?
El episodio también permite abrir una discusión que excede esta controversia puntual. ¿Es conveniente que los trabajadores provinciales dependan de una única entidad para recibir obligatoriamente sus salarios?
La bancarización salarial no debería transformarse en una relación de dependencia comercial. El trabajador debería tener capacidad para comparar servicios, costos, tarjetas, créditos y beneficios y decidir qué entidad financiera resulta más conveniente para administrar el dinero que consiguió con su trabajo.
Es una discusión que el Gobierno provincial podría incorporar a su agenda. Especialmente cuando aparecen situaciones como ésta, en las que la falta de alternativas aumenta la sensación de indefensión del usuario.
La transparencia puede empezar a desactivar el conflicto
Hay una manera relativamente sencilla de comenzar. Transparentar.
El Ministerio de Justicia y Seguridad puede establecer públicamente cuáles son los criterios generales para cobrar cada adicional, cuántos agentes los perciben por dependencia y jerarquía, qué autoridad certifica las funciones y cuáles son los mecanismos de reclamo. Sin exponer datos personales sensibles.
El Banco de Santa Fe, por su parte, puede explicar exactamente qué ocurrió con los vencimientos. Y el Gobierno puede informar si conocía la situación, si realizó gestiones y qué piensa hacer para impedir que un empleado público eventualmente entre en mora antes de recibir el salario que la propia Provincia debe pagarle.
Porque cuando nadie explica, crecen las sospechas. Y la Policía santafesina ya acumula demasiado malestar como para agregarle incertidumbre.
