Este miércoles, casi al unísono tanto en el Senado, como en Diputados, se lograron las modificaciones al sistema que rige desde hace más de una década. Para el gobierno, que tiene mayoría en ambas cámaras, “es clave para la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”.
La Legislatura santafesina aprobó este miércoles una reforma al Código Procesal Penal como parte del paquete de leyes en seguridad solicitadas por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La iniciativa fija cambios en 36 artículos además de la incorporación de figuras especiales para las investigaciones. Se trata de la mayor reforma del Código desde 2007, año en que fue implementado.
Esta amplitud demandó mayor tiempo para su tratamiento, que se demoró varios meses. Finalmente y no sin poco cabildeo por parte del Gobierno provincial, ambas cámaras aprobaron el pliego por amplia mayoría en las sesiones de esta tarde.
No obstante ello, el peronismo, los bloques celestes y libertarios se mostraron en contra de algunos artículos como el 9, el 10 y el 20. Este último también fue rechazado por el socialismo.
Al justificar el proyecto en Diputados, José Corral señaló que “se vino discutiendo desde siempre”. “Estoy seguro que este año será recordado como el de profundas reformas para las instituciones de la provincia, en base a un reclamo de la ciudadanía”, agregó.
También aclaró que “se tomaron en cuenta las voces de todos los actores: jueces, fiscales y demás operadores del sistema judicial”. “Queremos lograr un Estado en el que se cumpla con la ley”, cerró.
“Este nuevo Código permite el uso de las figuras y procedimientos aprobados en esta Cámara y solicitadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, para hacer frente a uno de los mayores problemas de los santafesinos: la inseguridad”, afirmó el diputado oficialista Dionisio Scarpin, y de inmediato abundó: “Era necesario adaptar las normas procesales a las leyes solicitadas por el gobernador, y aprobadas en la Legislatura, para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico”.
Entre las modificaciones más importantes el diputado provincial se refirió al cese del estado antijurídico. Al respecto detalló: “Significa que los inmuebles o terrenos usurpados deben ser restituidos inmediatamente a sus propietarios. Además, en el caso de un auto o moto robadas, ni bien se encuentran deben ser entregadas a sus dueños”, detalló.
Con relación a los plazos de prisión preventiva, Dionisio Scarpin indicó: “Pasaron de 48 a 96 horas, es decir que se duplicaron y se pueden prorrogar por la misma cantidad de días. Pero para los delitos complejos, generalmente asociados al narcotráfico, se extendió a 15 días y se pueden prorrogar por otros 15 días más para darle más tiempo a la justicia en la investigación”.
En tanto, con relación a las técnicas especiales de investigación aportadas por la Ley de Inteligencia, que se aprobó a finales de diciembre del año pasado, el nuevo Código establece que deben ser solicitadas al juez. Al respecto el diputado provincial señaló: “Las nuevas medidas especiales son: el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada. A partir de esta incorporación, las pruebas recolectadas por estas nuevas figuras son válidas y pueden ser utilizadas, por ejemplo, en los delitos relacionados al narcotráfico”.
Asimismo, otra modificación relevante es el rol que se le otorga al querellante en las audiencias imputativas, quien podrá participar de la misma, ser escuchado, realizar preguntas al imputado y dirigirse o peticionar al Tribunal. “Esto permite a las víctimas tener una participación activa en el proceso penal y solicitar pruebas o aportarlas”, detalló el legislador provincial.
Luego el socialista Rubén Galassi celebró “los resultados” que está teniendo el Ejecutivo provincial en materia de seguridad. “Defiendo los 100 días que nos tomamos para llegar a estas reformas”, añadió.
En tanto Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, explicó el voto negativo de su espacio (el único que votó en contra) por “no estar de acuerdo” con las modificaciones propuestas. “Es un proyecto que da vuelta al derecho de inocencia: ahora todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”, explico.
Y agregó: “Nos sentimos orgullosos de que se nos consideren garantistas porque es respetar y tutelar los derechos constitucionales”.
Son varias las voces que se pronunciaron en contra de la modificación del Código Procesal Penal. Incluso antes de la votación, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) alertaron que la reforma aprobada «va a potenciar la burocratización e ineficiencia del sistema».
Tal fue la postura que sentó el organismo previo a la votación, quienes destacaron además que “no es casual que ni siquiera el Ministerio Público de la Acusación se haya mostrado favorable a un proyecto que, supuestamente, viene a facilitar su actividad».
En idéntico sentido se manifestaron varios legisladores de la Cámara Baja. El peronista Marcos Corach cuestionó que la reforma se haya aprobado de la forma indicada: “En algunos casos se necesitó de mayor participación y debate”, explicó.
Y agregó: “Las reformas son lógicas y ágiles, le dan mayores herramientas a la Policía y a la Justicia, pero no tenemos que olvidar el marco en el que proponemos estas modificaciones con un MPA de Rosario intervenido y detonado”.
Por su parte, la diputada provida Natalia Armas Belavi destacó que “la Legislatura supo escuchar el reclamo de la sociedad, pero tengo dudas de si estamos dando las mejores respuestas”.
También sostuvo que “quedaba una vuelta de tuerca que se pudo haber trabajado (antes de la votación). Los cambios no son los mejores cuando se hacen a toda velocidad.”
El libertario Emiliano Peralta justificó el acompañamiento en general en “las mejoras” que se hicieron en estos días y a “la necesidad de terminar con el modelo inquisitorial”.
Y aclaró: “Nos abstuvimos en algunos artículos relacionados a los allanamientos, pero no dejamos de destacar la garantía de la inviolabilidad del domicilio que puede declarar nulos algunos allanamientos”.
Voces en el Senado
En relación a la sanción del proyecto, el senador Rodrigo Borla agradeció “a los senadores por llegar a este momento tan importante, donde estamos modificando el Código Procesal Penal en casi 50 artículos”. Y agregó que “es una herramienta que pidió el Ministro de Seguridad y Justicia, para la Policía, los Fiscales y los Jueces, y para combatir la narcocriminalidad”.
En tal sentido, el Senador Ciro Seisas (Rosario) afirmó que “estamos atravesando los días más complejos en el departamento Rosario. No obstante, está la decisión de no dar un paso atrás frente a la narcocriminalidad, y se ve reflejada en el proyecto de ley que estamos votando hoy” y continuó reafirmando que “no vamos a dar un paso atrás, porque se lo debemos a los habitantes de la Provincia”.
Por otra parte, el Senador Rubén Pirola manifestó que “desde el Bloque PJ hemos formulado nuestras propuestas a la reforma de la Ley, y agradecemos que hoy algunas de ellas sean parte de esta modificación. Fuimos recibiendo observaciones, críticas y sugerencias de distintos actores del Poder Judicial que permitieron enriquecer el proyecto a través del debate”.
El Senador Raúl Gramajo (9 de julio) destacó “la labor que ha tenido este gobierno, y este Senado en particular, que en 100 días ha tenido una participación activa para abordar uno de los problemas más grandes que está atravesando la Provincia, que es la inseguridad”.
Finalmente, Felipe Michlig afirmó que “se trabajó mucho para lograr los consensos necesarios. Agradezco a los Ministros de Gobierno, de Seguridad y Justicia, y a todos los senadores, por los aportes que realizaron para que hoy tengamos una mejor versión del Código Procesal Penal en nuestra Provincia”. Y continuó agregando que “31 leyes han sido sancionadas desde que comenzó esta gestión, y todo se ha logrado en su mayoría por unanimidad, en base al diálogo”.
