La reciente reforma constitucional de Santa Fe otorgó autonomía al Ministerio Público de la Defensa y abrió una nueva etapa institucional para uno de los organismos más importantes del sistema judicial provincial. Sin embargo, la consolidación de ese proceso todavía enfrenta desafíos concretos vinculados a recursos, estructura y capacidad operativa.
Ese fue uno de los principales mensajes que dejó la defensora general de la provincia, Estrella Moreno Robinson, durante la presentación del Informe Anual 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD) ante la Legislatura santafesina, una exposición que tuvo un fuerte contenido institucional y que también dejó entrever algunas diferencias respecto de decisiones impulsadas por otros actores del sistema judicial y del propio gobierno provincial.
La funcionaria presentó un extenso balance sobre el funcionamiento del organismo, destacó el crecimiento de la actividad judicial desarrollada por la Defensa Pública y remarcó la necesidad de avanzar en condiciones materiales que permitan hacer efectiva la autonomía reconocida por la nueva Constitución.
El primer informe bajo el nuevo esquema constitucional
La presentación tuvo un valor simbólico e institucional particular.
Fue la primera vez que la titular del Ministerio Público de la Defensa rindió cuentas ante la Legislatura en el marco de las nuevas disposiciones constitucionales aprobadas durante la reforma provincial.
Moreno Robinson definió la instancia como un ejercicio de transparencia institucional y sostuvo que la producción de información y estadísticas resulta fundamental para proyectar mejoras y garantizar un mejor acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.
Durante más de una hora repasó indicadores de gestión, avances institucionales y desafíos pendientes de una estructura que hoy tiene un papel central dentro del sistema penal santafesino.
Una autonomía que necesita presupuesto
Uno de los conceptos más importantes que atravesó toda la exposición fue la necesidad de que la autonomía constitucional del organismo sea acompañada por recursos suficientes.
Sin formular cuestionamientos directos, la defensora general dejó en claro que la nueva etapa institucional exige un fortalecimiento presupuestario que permita consolidar la independencia funcional del Ministerio Público de la Defensa.
La preocupación no es menor.
Mientras la reforma constitucional otorgó un nuevo estatus institucional al organismo, la estructura operativa sigue enfrentando limitaciones que dificultan el cumplimiento de sus funciones.
La propia funcionaria recordó que cuando asumió encontró una institución con escasa información sistematizada y una dotación insuficiente de defensores públicos para responder a la creciente demanda judicial.
La desigualdad con el Ministerio Público de la Acusación
Otro de los ejes centrales del informe estuvo relacionado con la histórica diferencia de recursos entre la Defensa Pública y el Ministerio Público de la Acusación.
Según los datos expuestos por Moreno Robinson, al inicio de su gestión existían apenas 73 defensores públicos frente a 199 fiscales.
Si bien la incorporación de nuevos cargos permitió mejorar parcialmente esa situación, la brecha continúa siendo significativa.
Actualmente la provincia cuenta con 218 fiscales y 92 defensores públicos.
La comparación fue utilizada para explicar por qué el fortalecimiento institucional sigue siendo una prioridad para el organismo.
La defensora recordó además que cada ampliación de la estructura del Ministerio Público de la Acusación genera automáticamente un incremento de trabajo para la Defensa Pública, que debe garantizar asistencia jurídica en cada una de esas causas.
Tres de cada cuatro audiencias pasan por la Defensa
Los números presentados durante el informe reflejan el crecimiento sostenido de la actividad judicial desarrollada por el organismo.
Según detalló la titular del MPD, aproximadamente el 75% de las audiencias penales realizadas en Santa Fe cuentan con participación de la Defensa Pública.
La cifra convierte al organismo en uno de los actores más relevantes del sistema judicial provincial.
A ello se suman nuevos desafíos derivados de la implementación de herramientas como los juicios por jurados y la puesta en marcha del sistema de justicia penal juvenil.
Precisamente sobre este último punto, Moreno Robinson destacó que entre julio y diciembre de 2025 la Defensa Pública intervino en actuaciones vinculadas a 873 adolescentes identificados dentro del sistema.
Una crítica institucional que no pasó desapercibida
Aunque mantuvo un tono prudente durante toda la exposición, uno de los momentos más firmes llegó cuando abordó la situación del futuro Centro de Justicia Penal de la ciudad de Santa Fe.
La defensora cuestionó la decisión de excluir a los ministerios públicos de la utilización del nuevo edificio judicial, pese a que previamente existían previsiones que contemplaban espacios específicos para el organismo.
Moreno Robinson recordó que la Defensa Pública había planificado su instalación en el complejo e incluso había realizado inversiones vinculadas a ese proceso.
Por eso reconoció no haber comprendido los motivos que llevaron a modificar aquella decisión.
Más allá de la referencia puntual al edificio, el planteo fue interpretado por varios observadores como una señal de preocupación sobre el lugar institucional que ocupará la Defensa Pública en esta nueva etapa de autonomía.
Señales hacia el debate legislativo que viene
Las declaraciones posteriores al informe también dejaron algunas lecturas políticas.
Si bien Moreno Robinson evitó confrontar abiertamente con el gobierno provincial o cuestionar proyectos específicos, sus intervenciones dejaron entrever una mirada que no necesariamente coincide en todos los aspectos con algunas de las reformas que hoy impulsa la Casa Gris.
Especialmente en temas vinculados a estructura judicial, recursos institucionales y funcionamiento de los organismos autónomos.
La funcionaria eligió expresarse desde una lógica institucional y técnica, pero varios de sus planteos dejaron en evidencia la preocupación existente dentro de la Defensa Pública respecto de cómo se implementará en la práctica la autonomía reconocida por la Constitución.
Un organismo que busca consolidar su lugar
La frase que eligió para definir la situación actual del organismo terminó sintetizando buena parte del mensaje que buscó transmitir ante legisladores y funcionarios. «La Defensa es un equipo pequeño, pero fuerte», afirmó.
Detrás de esa definición aparece un desafío mucho más amplio.
La reforma constitucional otorgó autonomía, reconocimiento institucional y nuevas responsabilidades al Ministerio Público de la Defensa.
Ahora comienza una etapa en la que esa autonomía deberá traducirse en presupuesto, infraestructura, personal y herramientas concretas que permitan garantizar el acceso a la justicia de miles de santafesinos.
Y justamente sobre ese punto, Moreno Robinson dejó un mensaje que difícilmente pase inadvertido en los futuros debates legislativos: la autonomía no se construye únicamente con normas constitucionales, sino también con decisiones políticas y recursos que la hagan posible.
